La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –aprobada en segunda discusión en enero de 2022- es solo una manera de lavarle la cara al gobierno de Nicolás Maduro, pues el verdadero objetivo tiene un trasfondo político, y no es más que mostrarle a la Corte Penal Internacional (CPI) que Venezuela «está cambiando su sistema judicial», para que de esa forma el fiscal Karim Khan detenga la fase de averiguación y así evitar el juicio, coincidieron expertos en entrevista con El Nacional.
El fiscal de la CPI, tras una visita al país en noviembre de 2021, cuando se reunió con Maduro en Caracas, determinó que el caso conocido como Venezuela I pasó de la fase de examen preliminar a la apertura de una investigación formal para «establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma», dice el acuerdo de entendimiento firmado entonces por Khan y Maduro.
La investigación de la máxima corte internacional buscará determinar si se cometieron crímenes de lesa humanidad en el contexto de las manifestaciones durante la crisis política de 2017 a 2019.
«El gobierno de Maduro necesita demostrar que no hace falta la CPI porque están dando respuesta a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad que pesan sobre ellos y dentro de esa estrategia se inserta esta reforma del TSJ, para aparentar y engañar al fiscal Karim Khan y a la CPI que en Venezuela, con motivo de su visita, se abrió un proceso de reinstitucionalización de la justicia», dijo el exmagistrado Perkins Rocha a El Nacional.
A juicio del abogado Joel García, el gobierno busca con la reforma de la Ley Orgánica garantizar la impunidad en el país. Aunque Maduro salga del poder, por 12 años regirá este TSJ y con esos magistrados. El chavismo necesita asegurar el Poder Judicial y a su vez mostrarle a la comunidad internacional que ellos «están cambiando».
«Es una puesta en escena y una vulgar estafa para que la CPI caiga en el error de pensar que estamos depurando nuestra justicia», expresó.
Reforma de la Ley Orgánica del TSJ, cantidad o calidad
El problema no es un asunto cuantitativo, insisten ambos expertos, como por ejemplo el retroceso de 32 a 20 en la escogencia de los magistrados. Va más allá de eso. De hecho, se está violando el artículo 264 de la Constitución, que establece que solo una única vez los magistrados podrán postularse por 12 años. Sin embargo, en este momento algunos repetirán y la Sala Constitucional lo avaló.
«La impunidad la quieren extender por si en el futuro dejan de ser gobierno. Los crímenes de lesa humanidad no caducan nunca. Entonces ellos aseguran un TSJ que ahora mismo no los juzgará, pero si pierden las elecciones tampoco serán juzgados; más allá de las apariencias de que estamos cambiando, es también asegurar que ellos no corran peligro», indicó García.
«Lo que más preocupa es que la misma Sala Constitucional está violando la Constitución al pasar por encima del artículo 264. El Estado de derecho está ausente en Venezuela. El bufete privado (Sala Constitucional) de Maduro y que antes era del presidente Hugo Chávez está encargado de legalizar lo ilegal», agregó.
De esos 20 magistrados, tanto Perkins Rocha como García coincidieron que de entre 3 a 7 magistrados serán opositores -esos números no representan la mayoría a la hora de enjuiciar a un presidente-, solo será «una fachada» para la CPI. Conservando la mayoría el chavismo cederá a la oposición espacios en el TSJ para «aparentar frente a la Corte Penal Internacional una reinstitucionalización; el monstruo ha aprendido que debe pulir sus fachadas», manifestó Rocha.
Los diputados que pertenecen al comité de postulaciones judiciales, José Gregorio Correa, Timoteo Zambrano y Luis Parra, tildados por Rocha como «apaciguadores», son los encargados de elegir a los magistrados opositores.
La Sala Constitucional estará integrada por cinco magistrados y las cinco restantes (Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) por tres magistrados.
Magistrados y jueces incapacitados
El verdadero problema de la depuración del Poder Judicial venezolano, según los expertos, es la concepción del sistema judicial, se trata de la selección del magistrado y del juez venezolano, que a lo largo de estos más de 20 años se han escogido a «personas sin mérito académico, sin carrera judicial e incluso personas de dudosa procedencia moral, en algunos casos, con expedientes penales o prontuarios judiciales».
«El problema de Venezuela no es de leyes sino de la idoneidad de la persona que ocupa el cargo, nosotros con la Constitución que tenemos nos bastamos pero aquí siempre se quiere aparentar la legalidad porque hacemos una ley y lamentablemente en el país las leyes no se cumplen, solo buscan reformar todo para que nada cambie», dijo García.
En tanto, Rocha explicó que de los 32 magistrados actuales, escasamente «dos pueden soportar una revisión curricular», mientras que el resto no solo «no cumplen» con los requisitos constitucionales para ser designado magistrados, sino que en el desarrollo de sus cargos «han cometidos errores».
«La función judicial es la función pública con mayor rigurosidad tratada en la doctrina y la que con mayor irrespeto se ha manejado en estos más de 20 años», destacó, precisamente porque hacerlo de esta forma, según el exmagistrado, le permite al gobierno de Maduro «manejar el sistema judicial a su conveniencia».
«Un juez y un magistrado debe garantizar la justicia y esta debe ser independiente y autónoma, algo que no sucede en Venezuela, donde el Poder Judicial es totalmente dependiente al gobierno y no tiene ningún criterio; esto trae como consecuencia la falta de institucionalidad y no la habrá, pues en el país no existe la justicia porque no hay libertad», agregó.
Los casos más controversiales
Casos como el del concejal Fernando Albán, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y de los jóvenes José David Vallenilla y Juan Pablo Pernalete, todos asesinados a manos de funcionarios del Estado entre 2017 y 2019, servirán «para mostrar la fachada a la CPI de que ellos (gobierno de Maduro) tienen la voluntad, la capacidad y las ganas de perseguir y juzgar a estos crímenes de lesa humanidad», concluyó el abogado García.
Incluso el exmagistrado Perkins Rocha (que recordó los casos de Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama Cilia Flores, acusados por narcotráfico, el caso de lavado de dinero del empresario colombiano Alex Saab, y el caso de Hugo «el Pollo» Carvajal por narcoterrorismo, todos acusados por Estados Unidos) cree que la reforma de la Ley Orgánica del TSJ forma parte además de una estrategia del chavismo «para ralentizar los efectos que tendrán todos los procesos penales de la CPI y de otras cortes penales».