En condiciones infrahumanas se encuentran los presos políticos militares recluidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Boleíta, Caracas. Sometidos, tanto prisioneros como familiares, a lo que califican de “un juego de desgaste” por las autoridades.
Cada detenido ha pasado por el “Cuarto de Los locos”, habitación reducida, sin ventanas, luz ni cama, donde permanecen esposados, tirados en el suelo o de pie durante horas e incluso días, después de haber recibido golpes, asfixias y descargas eléctricas.
También han «visitado» el «Cuarto de la Tortura Blanca», lugar cuyas paredes, techos y pisos son blancos, adonde los envían vestidos de blanco y permanecen días, con luz incandescente encendida mañana, tarde y noche.
«La Casa de los Sueños», es otro de los cuartos de torturas de la Dgcim. Es una celda de 2 x 2,5 metros, sin ventanas ni ventilación, con una litera y un inodoro. Allí, en ese espacio reducido, puede haber hasta cuatro detenidos.
En el lugar se encuentran recluido desde el primero de enero el teniente coronel de la Aviación Ruperto Molina, el capitán de navío Luis De la Sotta y el coronel del Ejército Johnny Mejía Laya.
Los familiares de los militares exigen que los trasladen a un centro penitenciario apto, donde cuenten con mejores condiciones. “Queremos que mejoren las condiciones de reclusión, que les permitan la luz solar y llamar a sus familiares durante la semana, para saber cómo se encuentran. Si tienen que esperar juicio, que sea en buenas condiciones, no con un desgaste psicológico”, manifestó Keyla Flores, esposa del teniente coronel.
«Somos los más olvidados»
Flores indicó que cuando los presos llegaron, el general Carlos Terán Hurtado les otorgó la posibilidad de ir al baño para sus necesidades fisiológicas y ducharse. Además, les permitía recibir libros, cartas y materiales para escribir. Sin embargo, eso cambió desde que «temporalmente» los encerraron en la celda de tortura, sin mayor explicación.
«Las condiciones mínimas fueron llevadas a la nada, fueron eliminadas. No tienen acceso a luz solar, no tienen ventilación, le cortaron el aire acondicionado, deben mantenerse en ropa interior porque el calor es bastante elevado y solo les permiten bañarse dos veces a la semana», relató.
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Esos hechos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo e instancia internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esas familias ratifican hoy el llamado a la comisión delegada de la alta comisionada Michelle Bachelet para que verifique el estado de los militares detenidos en la Dgcim, el Sebin y la cárcel militar de Ramo Verde. «Los militares son los más torturados, somos los más vejados e irónicamente somos los más olvidados. De repente por miedo, porque son los que más han sido amenazados», expresó.
Mejores condiciones para los familiares
También solicita mejores condiciones para los familiares, quienes pierden entre 30 y 40 minutos de la visita a la espera en la intemperie en los alrededores de organismo militar. Luego, continuó, son llevados a un área de 5 x 7 centímetros, llamado «La pescera», donde no hay aire acondicionado y la luz titila. «Eso causa mareo, uno se sofoca. No les importa si hay niños o si hay personas mayores», subrayó.
Sumado a eso, solo permiten visitas de familiares directos, esposa, padres e hijos, verificado a través de actas de matrimonio y partidas de nacimiento. Además, denunció que desde este fin de semana impusieron una norma de vestimenta para los familiares: todos deben llevar ropa blanca.
«Ellos deciden qué hacer, cómo vestirte, incluso los zapatos que usar. Me pidieron ir en sandalias, con ropa blanca y bolsos y envases transparentes. Esto es ilógico», expresó.
«En un limbo judicial»
Molina fue detenido el 18 de mayo 2018 en la Base Aérea El Libertador de Palo Negro, estado Aragua, durante el acuartelamiento por las elecciones presidenciales. Está acusado de rebelión y traición a la patria, entre otros cargos. La juez Claudia Pérez de Mogollón dejó de despachar hace más de un año, por lo que no ha ordenado el pase juicio. «Su expediente no salió de su tribunal y, por ende, se encuentra paralizado. Estamos en un limbo judicial, donde hay negligencia y falta de diligencia de la Corte Marcial Militar», precisó la esposa.
El teniente coronel padece dolencia en la columna, que no saben a qué se debe. Tras un año de haber insistido a la defensa pública que solicite un traslado médico, este pudo concretarse. «Se hizo un parapeto. Lo llevaron al Hospitalito –en Fuerte Tiuna–, le hicieron los exámenes médicos y no me dieron acceso a los informes. No sé si el realmente amerita tratamiento, si tiene fractura, una hernia, qué es lo que tiene», señaló.
Aunque trata de mostrase fuerte y con buena actitud, Keyla Flores nota que su esposo ha empeorado debido a las condiciones de reclusión en «La Casa de los Sueños». «El dolor es tan intenso para sentarse y levantarse, que no sabe si mantenerse más tiempo sentado, acostado o de pie. No sé qué tratamiento darle porque no lo puedo llenar de analgésico. Esta falta de atención médica hace que ellos se debiliten, que se desgasten», enfatizó.
«Yo no quiero que me entreguen a mi hijo muerto»
Sara de la Sotta, madre del capitán de navío Luis de la Sotta, responsabilizó al ministro de la Defensa del régimen, Vladimir Padrino López; al director de la Dgcim, general Hernández Dala; y al general Terán Hurtado de lo que pueda sucederle a los detenidos.
Criticó las pésimas condiciones de reclusión en las que se encuentra su hijo, que sufre de hipertensión. «Están desesperados porque están en condiciones infrahumanas. Esperamos que mejore porque un ser humano no puede aguantar eso, ya ellos no van a poder aguantarlo. Hay muchos enfermos, personas con gripe, fiebre, sarna y sin agua», manifestó.
Sara de La Sotta, persona de la tercera edad, es el único familiar del capitán que se encuentra en Venezuela. Los demás miembros de la familia están fuera del país, debieron huir para evitar ser víctima de la persecución del régimen. «Iban a tomar presa a su esposa y a su hijo, de 17 años», agregó.
Recordó que el militar fue asfixiado con bolsas plásticas y gases lacrimógenos durante los 40 días que estuvo desaparecido tras su detención, en mayo de 2018. «Yo no quiero que me entreguen a mi hijo muerto, por eso denunció», dijo con la voz entrecortada.
«Estoy aquí, dando la cara por mis hijas»
María Gabriela de Mejías, esposa del coronel Johnny Mejías Laya, denunció que la tortura psicológica a su familia continúa desde la detención del militar, el 30 de enero de 2019.
«Ha sido muy duro, a mi casa y al negocio han ido cuatro veces a allanarme y hacerme inventario. La última vez no estaba en casa y mi hija, de 12 años, me llamó llorando encerrada en el closet. Sin embargo, estoy aquí dando la cara por mis hijas», señaló.
A causa de las torturas en la Dgcim, indicó, su esposo atentó contra su vida en dos oportunidades. «Eso fue ya superado y él está resistiendo, está aguantando. Me dice: ‘Lo único que me queda aquí es resistir y aguantar, mi corazón está en pie de lucha, sigo fuerte, sin quebrarme’. No vale quebrarse, ese es el lema», manifestó.
El caso del coronel Mejías Laya fue denunciado en la OEA por el teniente Ronald Dugarte, quien mostró fotografías en las que se observa al militar en el piso, con ojos vendados, esposado y torturado. “Cuando estaban en el primer sótano escuchaban las torturas de otros compañeros que iban llegando, y cada vez llegan más. Creo que hay más de 200 personas allí adentro, el personal no se da abasto”, destacó De Mejías.
El martes pasado fue trasladado el Hospitalito, por un bulto que le salió en la espalda. Afirmaron que requería de una intervención quirúrgica. No obstante, los resultados de los exámenes no fueron entregados a los familiares.
Aunque tratará de solicitar esta intervención, alegó que no cuenta con las condiciones para que se realicé. “Volver allí, con tantas personas, gente enferma, hacinamiento y calor sería peor”, enfatizó.
«En Ramo Verde hay condiciones mucho más cómodas»
Las condiciones de los presos políticos en Ramo Verde son mucho más cómodas que en la Dcgim, afirmó Esther Gómez, pareja del teniente de la GNB Rafael Villafranca. Fue trasladado al centro penitenciario hace cuatro meses, tras siete meses de torturas, tratos crueles e inhumanos sufridos en el centro de investigación.
“Gracias a Dios fue trasladado a Ramo Verde. Ahí tienen acceso al sol, son más horas y más días de visita. Las condiciones son muchas más cómodas, pero sigue siendo un depósito humano”, subrayó.
Pese a eso, las visitas siguen siendo complicadas. La exigencia de cartas de concubinato y una rigurosa requisa son parte de esa situación. “Nos quitan la ropa totalmente, nos mandan a agachar. Algunas veces la custodia nos ve con cara de deseo, son bastante asquerosas al momento de vernos totalmente desnudas”, relató.
Los niños no quedan exceptos de ese trato. “Él tiene dos niños pequeños, uno tiene una colostomía y nos han obligado a quitarle la bolsa al niño. Es muy delicado, puede contaminarse, en los cuartos donde requisan no hay luz, huelen mal, no son aptos para tener a un niño así”, expresó.
«Tiene pensamientos extraños»
Debido a las torturas a las que fue sometido en la Dgcim, el militar quedó padeciendo de la columna, además de traumas psicológicos. “Tiene el nervio siático inflamado, le cuesta mantenerse de pie. También tiene pensamientos extraños, quiere acabar con muchas cosas, pero no los trasladan al médico ni lo llevan a ningún sitio para que puedan revisarlos”, agregó.
A pesar de que lleva más de 10 meses detenido, junto con otros 45 militares por presuntamente participar en los hechos del 30 de abril, no han tenido acceso a juicio.
“El 16 es la próxima audiencia y el expediente se lo pelotean entre la licenciada Carol Padilla y la licenciada Hilda Villanueva”, enfatizó.