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Foto archivo | La Ley de protección al salario fue diferida para la próxima sesión ordinaria.

La Asamblea Nacional designó este martes una comisión especial para que investigue la presunta trama de corrupción de parlamentarios, debatió la entrega ilegal de armas a civiles y nombró representantes ante el Consejo Nacional de Universidades.

El ente legislativo también difirió para la próxima sesión la segunda discusión del proyecto de Ley Especial de Protección del Salario, además de la primera discusión del proyecto de Ley de Asistencia Financiera y Técnica ante la emergencia humanitaria del sector eléctrico.

Entre los puntos de información en la plenaria, los parlamentarios opositores aprobaron la designación de la comisión especial a petición del presidente interino Juan Guaidó.

La instancia está integrada por el primer y segundo vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano y Stalin González, respectivamente; la diputada Marialbert Barrios y el subsecretario José Luis Cartaya, como secretario.

Esta intervendrá la Comisión de Contraloría y tendrá un lapso de 15 días para presentar la investigación parlamentaria a que haya lugar. Para esto, podrá ordenar la realización de todas las experticias y peritajes que se requiera y evaluar todo tipo de pruebas para establecer los hechos.

Corrupción

En su intervención, el mandatario interino indicó que esta investigación será «clara y transparente». Aclaró que en el Legislativo no se tolerará ningún caso de corrupción.

«Nuestros niños mueren de hambre por culpa de la maldita corrupción que tiene años azotando a Venezuela», manifestó indignado, mientras que diputados chavistas coreaban entre gritos la palabra «corruptos».

Afirmó que a diferencia del chavismo, el Parlamento está dando la cara para que sean investigados los casos de corrupción en los que presuntamente están involucrados diputados opositores. «Como sociedad tenemos que decir ya basta a esta tragedia», enfatizó.

El debate

Los parlamentarios opositores rechazaron la entrega de fusiles a civiles armados, como pretende hacer Nicolás Maduro con los milicianos. Condenaron que continúen invirtiendo dinero en armas de guerra, cuando en el país existe una crisis humanitaria compleja.

Eliezer Sirit, presidente de la Comisión de Defensa, indicó que de entregar armas a civiles sin preparación, se «estaría creando un terreno fértil para que grupos irregulares se apropien de las armas de la república».

A su juicio, el régimen de Nicolás Maduro busca armar a los milicianos porque desconfía de la FANB.

En opinión del diputado Lawrence Castro, la entrega de 13.000 fusiles tiene como fin «matar a venezolanos e indígenas» cuando salgan a protestar.

«El pueblo de Venezuela va a seguir exigiendo que el gobierno salga», enfatizó.

El diputado chavista, Gerardo Márquez, indicó que en el país hay más de 3.000.000 de milicianos dispuestos a defender a la nación. «Venezuela se defiende, Venezuela no se vende. Los traidores a la patria no tienen cabida en este momento histórico», expresó.

Representantes ante el CNU

El Parlamento designó a los profesores Miguel Eduardo Albujas y Manuel Rachadell como representantes de la instancia ante el CNU, con la finalidad de defender la autonomía universitaria.

Ambos fueron postulados por Bolivia Suárez, presidente de la Subcomisión de Educación, quien dio fe de su honestidad y trayectoria profesional.

«Es oportuna la designación de estos dos profesores en momentos en que el régimen pretende acabar con la autonomía universitaria a través de las sentencias 0324 y 0389 emanadas por el TSJ», enfatizó.

Proyectos

El diputado Luis Silva solicitó el diferimiento de la segunda discusión del proyecto de Ley Especial de Protección del Salario para la próxima sesión. Indicó que para la aprobación final debe invitarse a los trabajadores, quienes tienen mucho que decir al respecto.

«Esos sinvergüenzas han hambreado al pueblo por más de 20 años; ese es el problema», indicó.

Los legisladores opositores responsabilizaron a Nicolás Maduro de la pulverización del salario y destacaron la necesidad de dolarizarlo para protegerlo.

«Los venezolanos tienen derecho a ganar unos 100 dólares mínimos», precisó el diputado Jorge Millán. Mencionó que, de acuerdo con estudios realizados por la AN, las empresas privadas pagan un salario mínimo de alrededor de 55 dólares. «Mientras (tanto), la administración pública, que dirige los que usurpan la nación, pagan 3,5 dólares», agregó.

Aparte el legislador Enrique Márquez pidió el diferimiento de la primera discusión del proyecto de Ley de Asistencia Financiera y Técnica ante la emergencia humanitaria del sector eléctrico por falta de consenso.

A su juicio, la aprobación de esta norma debe contar con el mayor consenso legislativo, dado que garantizará la recepción y administración transparente de recursos para atender la crisis eléctrica.

«Se recibirán recursos importantes de parte de la CAF para rescatar generadoras termoeléctricas e instalar nuevos generadores eléctricos», señaló.