Uruguay es un país rico en recursos naturales, entre ellos el agua. Indicadores de estrés hídrico lo muestran como un país sin riesgo de escasez. Estos indicadores miden el total de agua extraída para todo tipo de uso, como porcentaje del agua potable disponible. Sin embargo, en octubre de 2022 el gobierno uruguayo declaró la emergencia hídrica por 90 días para la agricultura y pesca, la cual fue extendida en enero de 2023 a los sectores lácteos, ganaderos, de frutas y hortalizas, la agricultura, avicultura, apicultura y silvicultura.
En junio 2023, se declaró la emergencia hídrica para Montevideo y el área metropolitana. Ya en abril de ese año, la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) había aumentado los niveles de salinidad y cloruro en el agua para la capital y el área metropolitana, llegando a elevarse incluso por encima de las autorizadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), causando algunas advertencias sobre el consumo de agua, y daños en electrodomésticos, principalmente calefactores de agua.
Las dos principales causas por las que un país rico en agua llegó a una situación de emergencia en tantos sectores, son la falta de infraestructura y el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), particularmente en este caso, la etapa de La Niña. El ENOS se compone de una etapa cálida y húmeda, denominada El Niño, y de una fase fría y seca denominada La Niña. La fase de La Niña actual estuvo presente por los últimos tres años, siendo la etapa de La Niña más larga del siglo XXI. En tanto, la OMM anunció a principios de julio que hay 90% de probabilidades de que el fenómeno de El Niño esté presente por lo que resta de 2023. Este evento prolongado de sequía significó, por ejemplo, que en 2022 el país recibiera 44% de las precipitaciones promedio.
En cuanto a la falta de infraestructura, ya existían señales de que Uruguay debería invertir en su infraestructura de agua potable, principalmente en la capital y zona metropolitana. Por ejemplo, IICA 2010 advertía que incrementos en áreas de riego o intensificaciones en el uso de agua ya habían afectado la salinidad del agua y que esto venía siendo enmascarado por lluvias, principalmente en los cursos urbanos de la capital y su bahía.
Ya en plena emergencia hídrica, la Academia Nacional de Ciencias organizó un seminario interacademias en el cual se destacaba la necesidad de que la zona metropolitana cuente con dos centros de producción de agua potable, con una capacidad de abastecer 70% de la demanda máxima cada uno. Para ello propusieron la construcción de una planta potabilizadora acompañada por obras que reduzcan las pérdidas de agua en la red metropolitana, las cuales llegan actualmente 50% del suministro total.
Finalmente, en un artículo titulado “Tipología de los usuarios de la información climática para la adaptación a las sequías agrícolas en Uruguay” se destaca que, si bien Uruguay se encuentra en un proceso de mejoras en la adaptación a las sequías en la agricultura, mejoras en los servicios meteorológicos podrían tener grandes impactos en el corto plazo.
Es importante destacar que el caso de Uruguay no es el primer episodio de escasez de agua potable a nivel mundial. En 2018, la capital de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, sufrió una situación similar, donde los ciudadanos fueron limitados al uso de 50 litros de agua por día. En 2021, la ciudad de Curitiba, Brasil, tuvo cortes de abastecimientos también causados por faltas de lluvias. Finalmente, en cuanto a los impactos en el sector agropecuario, los daños directos de esta sequía en Uruguay fueron estimados por encima de los 1.000 millones de dólares. Mientras que en Argentina, las estimaciones de producción de granos para 2023 muestran caídas de cerca de 50% en la soja, el trigo, y el maíz.
Si bien estas faltas de lluvias no pueden ser atribuidas al cambio climático, sino que son parte del ENOS, las altas temperaturas sí son atribuidas al cambio climático, lo que hará que en el futuro estos eventos sean de mayor impacto, debido a una caída en la disponibilidad del agua. Estos episodios deberían tomarse como un llamado de atención que ayude a impulsar la inversión en medidas de adaptación al cambio climático, entre ellas las que aseguren el acceso a agua potable en futuros episodios de altas temperaturas y escasas precipitaciones.
Por Juan Odriozola, economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF.
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