reclusos problemas de salud
Foto: Archivo

Al menos 17 personas privadas de libertad en calabozos de Venezuela fallecieron en 2023 por problemas de salud asociados con las condiciones de los centros de detención preventiva, caracterizados por el hacinamiento y la falta de atención médica, según el informe de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) presentado este jueves.

«Al menos 17 personas, recluidas en centros de detención preventiva o retenes policiales, fallecieron por razones de salud: ocho durante el primer semestre y nueve durante el segundo semestre de 2023», precisó la organización.

La ONG, que tiene información de 293 centros de detención preventiva en todo el país, detalló que, del total, seis de las personas fallecieron por complicaciones pulmonares o respiratorias, cinco por tuberculosis, tres por desnutrición dos sufrieron infartos y sobre una no hay detalles.

Destacó que la tuberculosis es la enfermedad que «persiste entre la población reclusa venezolana, cobra fuerza y se expande con facilidad por el nivel de hacinamiento, porque las celdas no tienen suficiente ventilación, porque en estos lugares escasea el agua potable, porque los presos no son expuestos con frecuencia a la luz solar y porque los enfermos conviven con los sanos».

Cinco casos de suicidio

La organización informó que en 2023 se registraron cinco casos de suicidio en algunos calabozos policiales, lo cual considera alarmante y que las autoridades deben atender.

Aseguró que casi todas las enfermedades registradas en los calabozos pueden ser «controladas o erradicadas», pero que el hacinamiento incrementa su contagio y transmisión.

Indicó que la situación se agrava por el escaso acceso a servicios públicos y medidas de higiene, pues en los sitios «no hay acceso al agua y mucho menos al agua potable», a menos que los familiares provean a los detenidos, quienes también están expuestos a la acumulación de basura en las celdas por el limitado servicio de recolección.

Desde hace años, esta ONG ha denunciado que hay presos que pasan hasta tres años en un centro de detención preventiva, lo que agrava sus condiciones sanitarias porque conviven en un lugar cerrado con algunos reos que sufren enfermedades contagiosas.


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