Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, dijo este miércoles que hay elementos de convicción para presumir que la junta directiva de Galaxy Entertainment y la Unidad de Administración y Operatividad de Directv concertaron el cese de las actividades en Venezuela.
El funcionario manifestó, durante una rueda de prensa, que esta unidad estaba conformada por Héctor Rivero, gerente general de Directv Venezuela; Rodolfo Carrano, vicepresidente de Operaciones; y Carlos Villamizar, vicepresidente de Estrategias.
Indicó que los ciudadanos son los responsables directos de la comercialización y operatividad de los servicios de Directv ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
«La referida unidad de administración y operatividad de Directv Venezuela, debió solicitar autorización de Conatel para prescindir del uso del espectro radioeléctrico. En esto se presume la existencia de daño moral a la colectividad», expresó Saab.
Expuso que el cede se operaciones de Directv generó incertidumbre y zozobra en la población venezolana. Según Saab, esto ocasionó la transgresión de derechos relacionados con la comunicación, información y educación en momentos de emergencia por la pandemia del covid-19.
El fiscal del régimen acusó a los exdirectivos de transgredir la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la prestación de sus servicios en estados de excepción, como el decretado por Maduro en marzo.
«Adicionalmente se acredita daño patrimonial causado a personas naturales y jurídicas, que hicieron inversiones en equipos electrónicos y pago de suscripciones y espacios televisivos», agregó.
Saab dijo que hasta el 19 de mayo, cuando cerró la compañía, en varios comercios todavía se vendían decodificadores y suscripciones a precios que rondaban los 100 dólares.
«Todas las personas que compraron esos equipos perdieron su dinero por la decisión ilegal de esta empresa», manifestó.
El funcionario dijo que por esta razón Héctor Rivero, Rodolfo Carrano y Carlos Villamizar fueron detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Añadió que en la audiencia de presentación, realizada el 8 de junio, se les imputó la presunta coautoría en la comisión de delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir.