La organización no gubernamental Provea denunció el creciente número de ataques, hostigamientos y amenazas dirigidas hacia la sociedad civil en Venezuela. Esta declaración surge en respuesta a los señalamientos hechos por Nicolás Maduro contra la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
Durante un mitin, Maduro catalogó a la defensora de derechos humanos como una “vende patria, antipatria”. Además, aseguró que “lo único que tiene de venezolana es que nació aquí”. Estos comentarios se originaron después de que San Miguel expresara su opinión sobre la situación legal de la nación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con el referendo consultivo sobre el Esequibo.
Ante esto, Provea expresó mediante un comunicado en sus redes sociales su solidaridad con la también abogada. Y señaló que “no podemos normalizar la persecución”, destacando la necesidad de proteger la libertad de expresión.
La ONG recordó, asimismo, un incidente reciente en el que Marino Alvarado, coordinador legal y defensor de derechos humanos, resultó víctima de hostigamiento por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Los funcionarios intentaron “ingresar a un taller de derechos laborales a dirigentes sindicales de Yaracuy”.
Denunciamos el aumento de ataques, hostigamiento y amenazas contra la sociedad civil en Venezuela.
Expresamos solidaridad con @rociosanmiguel, quien fue señalada por Nicolás Maduro tras advertir la situación de escalada por el referéndum del Esequibo.
No podemos normalizar la… pic.twitter.com/XY4d5wtzXK
— PROVEA (@_Provea) December 2, 2023
Provea denunció que los hostigamientos contra la sociedad civil han aumentado
Además, el pasado 25 de noviembre, también señalaron que agentes policiales, algunos de ellos vestidos de civil, se presentaron en el Segundo Encuentro Nacional de Líderes Sociales por el Derecho al Agua y los Derechos Humanos; el cual estuvo organizado por varias instituciones, incluyendo Provea, Unidos por el Agua y el Observatorio de Ecología Política de Venezuela en Barquisimeto, estado Lara.
Por último, Provea hizo hincapié en las denuncias que ha realizado la Misión de la ONU sobre el país. En las cuales ha advertido sobre una política que pareciera buscar censurar y criminalizar a las voces disidentes; incluyendo a opositores, periodistas y demás miembros de la sociedad civil. Es por ello que la organización subrayó la gravedad de que el aparato estatal opresivo continúe operando y adaptándose a estas tácticas.