Líderes vecinales agrupados en el Frente en Defensa del Norte de Caracas acompañados por propietarios victimas de invasiones acudieron al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Venezuela para exigirle a Michelle Bachelet que como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se manifieste en rechazo a las tomas ilegales de propiedades.
“El aumento en la ola de invasiones ocurrida desde la instalación de la Asamblea Nacional madurista es sólo un capítulo más de los muchos ataques a la propiedad privada por la dictadura perpetrados por el mal llamado socialismo del siglo XXI, casos como las masivas e ilegales expropiaciones como la del Sambil La Candelaria, la ley de arredramientos que autorizaba la toma ilegal de casas o el censo de vivienda donde colectivos, comuneros y militantes del PSUV marcaban residencias y comercios desocupados”, dijo Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas.
Rojas indicó que al ser la propiedad privada un derecho humano consagrado Declaración Universal y Convención Americana de los derechos humanos, le exigen a Michelle Bachelet que realice una exhaustiva investigación sobre los hechos. “Asimismo entrevisten a las víctimas de la confiscación de sus inmuebles y se incluya en los informes sobre la situación de los Derechos DD HH este grave tema y se interceda ante el régimen para que los dueños puedan recuperar el control de sus edificaciones”.
Propietarios afectados claman justicia
Horencio Mariñas, propietario de una empresa de textiles, fue a exponer el caso del edificio Padrón, donde se encontraba su comercio y otros más afectados, los cuales fueron invadidos por colectivos armados apoyados por la síndico Fazzini. “un colectivo armado amenazó de muerte a la conserje del edificio para que les abriera la puerta y tomar posesión de las instalaciones de la fábrica”, relató Mariñas.
“Llamamos a las FAES (Fuerza de Acciones Especiales) pero se retiraron de inmediato porque dijeron que habían recibido órdenes desde arriba para no intervenir. Acudimos a la fiscalía y otras instancias que tampoco pudieron hacer nada por la misma razón”, narró el empresario octogenario. “Por esa acción se perdieron 160 puestos de empleo que beneficiaban a varias familias humildes y trabajadoras, se perdieron maquinarias y materia prima para producir, yo tenía una capacidad instalada para hacer 70 mil tapabocas y todo eso lo perdió”.