La detención de dos dirigentes sindicales de la estatal venezolana Siderúrgica del Orinoco, que cumplen un mes presos este martes, es para especialistas y defensores de los derechos laborales en Venezuela una prueba de la pérdida del derecho a la libertad sindical en el país.
El caso de Daniel Romero y Leonardo Azócar, detenidos el 11 de junio por en el estado Bolívar por exigir mejoras salariales y el cumplimiento del convenio colectivo en Sidor, comprueba que «en Venezuela la libertad sindical es discrecional e inexistente», dijo a Efe Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, que agrupa a más de 100 organizaciones.
Persecución y abuso
Salazar considera que Venezuela está en cero en materia de derechos humanos y laboral, y se mantienen hechos de persecución y abuso contra quienes alzan la voz en nombre de los trabajadores.
Con esto coincide el abogado León Arismendi, miembro del directorio del Instituto de Altos Estudios Sindicales, para quien ni siquiera la presencia de la Organización Internacional del Trabajo sirve para evitar que el Ejecutivo siga invocando razones de seguridad nacional para violar derechos implícitos en la libertad sindical.
Liberación inmediata, una exigencia
La ONG Provea señaló recientemente que la represión por motivos políticos persiste y que desde hace un año las personas que defienden derechos humanos laborales corren mayor riesgo de ser privadas de libertad.
De acuerdo con el cómputo de Provea, el gobierno de Nicolás Maduro ha detenido en lo que va de año a 20 trabajadores de Sidor por exigir sus derechos laborales, 18 de ellos apresados en enero y posteriormente liberados.
A esa cifra se suman los 6 dirigentes gremiales detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022, identificados como Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortez, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez, quienes permanecen presos por los delitos de asociación para delinquir y conspiración, dijo a Efe su abogado Eduardo Torres.
Venezuela incumple recomendaciones
Torres señaló que las imputaciones contra sus defendidos y los dos de Sidor, acusados también de asociación para delinquir e instigación al odio y boicot, representan «una aberración porque ellos están asociados para defender derechos y los amparan no solo la Constitución y las leyes, sino también el convenio 87 de libertad sindical de la OIT».
El especialista en derecho laboral León Arismendi recordó que con esas detenciones Venezuela incumple las recomendaciones formuladas por la OIT en 2019, entre las que figura la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones.
«La estabilidad de cualquier sociedad está íntimamente ligada a las condiciones en las que se trabaja, en particular al nivel de remuneraciones. Allí donde hay remuneraciones como las que perciben los trabajadores venezolanos, hay un foco de conflicto permanente. Entonces el gobierno, en lugar de atacar la causa del problema, lo que hace es reprimir a los que protestan», manifestó Arismendi.
Un testimonio
Ángel Bolívar, trabajador de Sidor con 24 años de servicio -3 de ellos «desactivado» de sus labores como consecuencia, afirmó, de sus luchas sindicales- calificó de dramática la detención de sus compañeros Azócar y Romero, y criticó que fueran apresados en un procedimiento que tildó de «secuestro».
«Los trabajadores por el derecho a la protesta, por el derecho humano de decir ya basta a lo que estamos viviendo (…) Tenemos persecuciones, visitas de militares con armas de guerra, como si fuésemos delincuentes terroristas, por simplemente decir la verdad. Y eso es lo que estamos haciendo los trabajadores, no solamente de Guayana, sino de todos los sectores», dijo Bolívar a Efe.
El Inaesin contó 592 conflictos laborales durante el primer semestre de 2023, lapso en el que según el instituto se ha mantenido la lucha de trabajadores que mediante acciones de calle buscan que las autoridades escuchen sus demandas y definan parámetros justos para un mayor y mejor desempeño de sus actividades en un ambiente libre de violencia y acoso laboral.
A estas luchas se suman ahora las protestas por la liberación de los sindicalistas de Sidor, a quienes sus familiares pudieron ver, según Torres, 28 días después de que los detuvieron en Bolívar y los trasladaron a Caracas, donde esperan la audiencia de presentación.