Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, acusó este viernes de terroristas al grupo de militares que dirigió la Operación Aurora, el asalto que se realizó al Batallón 513 de la Gran Sabana.
«Esta acción terrorista fue dirigida y planificada por militares de reserva activa, desertores y ex funcionarios policiales ubicados en el exterior, así como por personal civil y miembros de la etnia indígena pemón», dijo en declaraciones a la prensa.
Afirmó que durante el asalto robaron 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15 y 5 escopetas Remington. También, 2 ametralladoras MAG y 209 granadas MK-15. Además, hurtaron 3 lanzacohetes y 99 bayonetas fusil AK-103; también 6 pistolas.
Por el caso se imputaron a 18 personas, de las cuales 6 son militares y 12 son civiles, entre ellos hay 8 indígenas de la etnia pemón.
«Los detenidos fueron imputados por conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación. Vale señalar que hay otros 15 implicados pendientes por capturar», expresó Saab.
Ante ello, solicitó al fiscal general de Brasil iniciar el proceso de extradición contra los cinco militares que el régimen acusa y que se encuentran en el territorio brasileño.
«Queremos dejar claro que estos criminales, que atacaron dos puestos militares, robaron armas y municiones son responsables de la muerte de un soldado… Esperamos que sean entregados a la justicia venezolana«, agregó.
Toma en Luapa
El 22 de diciembre un grupo de militares, acompañado por pemones, asaltó el Batallón 513 de la Gran Sabana.
En la toma murió un agente y otro, que lideraba la operación, resultó herido y detenido.
Todos los demás militares e indígenas escaparon de la escena. Brasil informó que cinco de los funcionarios venezolanos involucrados en el alzamiento estaban en su territorio.
Los agentes iniciaron el proceso para que los acojan como refugiados.