La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomendó la separación de poderes en Venezuela durante la presentación del informe final sobre las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Isabel Santos, jefa de la delegación, aclaró que en el documento no está incluida la repetición de los comicios en el estado Barinas porque no figuraba en el acuerdo alcanzado con el Consejo Nacional Electoral.
Santos, durante una conferencia de prensa desde Bruselas, dijo que hubo algunas mejoras en el proceso electoral venezolano. Consideró al Consejo Nacional Electoral el “más plural y equilibrado” de los últimos 20 años y destacó la realización de varias auditorías y una actualización más amplia del registro electoral.
Dijo sin embargo que todavía hay deficiencias estructurales que el organismo debe superar. Los expertos señalaron la falta de seguridad jurídica ante la inhabilitación arbitraria de candidatos, el amplio uso de recursos del Estado durante la campaña, el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación y la entrega de los símbolos y tarjetas a facciones internas minoritarias de partidos políticos.
Recomendaciones prioritarias
En el informe de la Misión de Observación Electoral señalan 7 recomendaciones prioritarias de 23, que podrían tener un impacto positivo en los futuros procesos electorales de Venezuela.
1.- Definir la separación de los poderes del Estado, particularmente el Poder Judicial, para que el Consejo Nacional Electoral adopte mayor autonomía en materia de sus competencias.
2.- Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.
3.- Llevar a cabo una campaña de educación al votante que aumente la confianza en la integridad y el secreto del voto electrónico, y muestre a los votantes cómo votar por diferentes opciones políticas en elecciones simultáneas.
4.- Reforzar las facultades sancionadoras del CNE mediante la introducción de un sistema de control y sanciones, que vayan desde la amonestación hasta la imposición de penas progresivas, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en campaña.
5.- Equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las campañas electorales, en línea con la Ley Orgánica de Procesos Electorales y las buenas prácticas internacionales.
6.- Derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para promover la libertad de expresión y evitar la autocensura.
7.- Hacer más esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre su selección como miembros de mesa con el fin de aumentar la presencia de miembros de mesa capacitados y acreditados, considerando una combinación de medidas de incentivos y sanciones.
Un hecho clave: la observación europea
“Fue un hecho clave que hayan invitado a la Unión Europea para observar unas elecciones después de 15 años. Ha retornado a la Junta Electoral la mayor parte de los partidos políticos. Esperamos que las recomendaciones contribuyan a abrir un camino para todos para evitar que se pierda el esfuerzo de construcción que todos hemos hecho”, expresó Santos.
La europarlamentaria indicó asimismo que la negociación en México, suspendida por el gobierno de Nicolás Maduro después de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, será muy importante en este proceso.
“Al tratarse de una misión independiente, imparcial y neutral, el informe no puede ser instrumentalizado por nadie. La democracia nunca puede darse por concluida, requiere vigilancia y compromiso continuo y permanentemente renovado por todos. No admite exclusiones y requiere diálogo”, manifestó.
El CNE no respondió
Estaba previsto que la presentación del informe tuviera lugar en Caracas. Santos explicó en una pregunta enviada por El Nacional que no recibieron respuestas de las autoridades electorales venezolanas a la solicitud que hicieron para regresar al país.
“Informamos nuestra intención de hacer la presentación en Venezuela. Las autoridades, en este caso el CNE, no nos contestó. Cuando estábamos cerca del término del plazo establecido, propusimos hacer una presentación telemática. Y esta presentación no es nada nuevo. Es nuestra metodología, ya ha ocurrido con otros países. Es una u otra forma de presentar el informe”, manifestó.
Pregunté a Isabel Santos, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea: ¿por qué no presentaron el informe final en Caracas?
Dijo que las autoridades electorales no respondieron a la solicitud. En meses pasados Nicolás Maduro llamó “espías” a los observadores. pic.twitter.com/pcv8pa53if
— Luis De Jesús (@Luisdejesus_) February 22, 2022
Otras recomendaciones:
1.- Definir claramente las responsabilidades de las juntas electorales regionales y municipales y reforzar su autonomía.
2.- Publicar toda la información electoral relevante de manera clara y oportuna para cumplir con la disposición legal de transparencia del CNE.
3.- Facilitar el acceso al voto de personas detenidas con derecho a votar.
4.- Proporcionar más opciones para que los votantes, incluidos los venezolanos que viven en el extranjero, actualicen su información fuera de los períodos electorales, con el fin de mejorar la precisión del registro electoral y medir mejor las tasas de participación electoral.
5.- Modificar los plazos de sustitución de candidatos por parte de los partidos políticos para que finalicen con más antelación antes del día de las elecciones y aparezcan los candidatos definitivos en la boleta, con el fin de garantizar el derecho de los votantes a un voto informado.
6.- Notificar a los candidatos el resultado de sus solicitudes y divulgar la información relativa a la inscripción, sustitución, renuncia o rechazo de los candidatos, para aumentar la transparencia.
7.- Dar a conocer qué institución es la responsable de la gestión de los datos de la plataforma Patria, dónde y cómo se almacenan los datos, quién tiene acceso a ellos, con qué fines, y cómo solicitar la rectificación de los datos personales y darse de baja de la base de datos, de acuerdo con el derecho constitucional de acceso a la información.
8.- Abandonar las políticas dirigidas a manipular la conversación pública en las redes sociales, así como el uso de cuentas institucionales con fines proselitistas, prácticas que no se ajustan a los estándares internacionales de libertad de expresión ni a la Constitución y leyes venezolanas, para que los ciudadanos tengan derecho a formar su opinión libre de inducciones o injerencias de cualquier tipo, incluso en las redes sociales.
9.- Aumentar las capacidades y los recursos humanos necesarios para que el CNE realice un monitoreo sistemático de las redes sociales, con el fin de sensibilizar a la población sobre las violaciones de las normas de campaña y permitir una respuesta judicial adecuada y oportuna.
10.- Garantizar la paridad horizontal de género en las candidaturas a cargos políticos.
11.- Llevar a cabo elecciones directas para representantes indígenas, con base en un registro de votantes indígenas, con una campaña integral de educación cívica y electoral, y realizadas el mismo día que las de la población general.
12.- Desarrollar un programa exhaustivo para mejorar las medidas de inclusión de personas con discapacidad, que incluya el refuerzo de la educación e información al votante y soluciones técnicas para evitar el voto asistido.
13.- Modificar el marco legal para garantizar la libertad de movimiento y expresión de los observadores, asegurando que los observadores electorales puedan llevar a cabo sus funciones sin obstáculos indebidos.
14.- Definir el papel de los coordinadores de los centros de votación y asegurarse de que están formados para no exceder sus competencias.
15.- Proporcionar instrucciones claras y formación a las fuerzas del Plan República para enfatizar el carácter civil de las elecciones y asegurar que las fuerzas militares se ciñan a sus funciones sin exceder sus competencias.
16.- Establecer procedimientos y responsabilidades claras para el control de entrada a los centros de votación y la verificación de acreditaciones, dirigidas tanto a los coordinadores de centro como a los miembros del Plan República, con el fin de garantizar que testigos de partidos, observadores y representantes de medios de comunicación acreditados tengan acceso a los centros de votación.