Con banderas y pancartas, militantes del partido Tupamaro, de tendencia comunista y tradicional aliado del chavismo, exigieron este jueves la libertad de su secretario general, José Pinto, quien fue detenido en junio de 2020 por su presunta vinculación en el asesinato de un pescador de 16 años de edad y llevado hoy a tribunales.
Rafael Ortegano, vocero de la dirección nacional del partido, dijo a EFE que Pinto ya lleva «prácticamente dos años secuestrado político y de conciencia» y afirmó que «es injusto» que esté «encarcelado en un proceso» en el que «se saltan toda la Constitución».
Los militantes se encontraban en el Palacio de Justicia, donde, afirman, se le iniciará un juicio a Pinto.
Partido Tupamaro denuncia «juicio amañado»
«Hoy se intenta seguir con esta farsa al iniciar un juicio que indudablemente debió haber sido iniciado antes, pero dándole este retardo procesal que sufre no solamente Pinto, sino todos los presos a nivel nacional. Se inicia un juicio amañado que esperamos sea reivindicado todos sus derechos», aseguró Ortegano.
Según los militantes, el estado de salud de Pinto, quien presuntamente padece diabetes y problemas de la tensión es «delicado y crítico».
El 15 de junio de 2020, el fiscal general, Tarek William Saab, informó en Twitter que el Ministerio Público solicitó «órdenes de aprehensión contra José Pinto Marrero», además de otros sujetos, «por su responsabilidad en la muerte de un adolescente de 16 años de edad, George Soto Berroterán».
Pinto, entonces diputado del Consejo Legislativo del estado Vargas, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
«Al momento de ser allanada su residencia, era diputado y eso no fue respetado. Pinto fue golpeado y su casa fue destrozada. Su inmunidad parlamentaria no fue respetada hasta hoy en día», aseveró Ortegano.
Señaló que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo «no se han manifestado en el caso de José Pinto, así como no se han manifestado ante los desaparecidos, que son muchos, (…) de camaradas, que denunciaron situaciones».
Agregó que en Venezuela «se están violando los derechos humanos a diario, no solamente de todos los presos comunes y políticos», sino «se violan derechos humanos de la población cuando los servicios públicos fallan».