El Grupo de Lima, integrado por países que no reconocen a Nicolás Maduro, pidió este martes a la Corte Penal Internacional (CPI) que incluya en su «examen preliminar» sobre Venezuela las denuncias de la ONU acerca de «crímenes de lesa humanidad» cometidos por el régimen.
Las 13 naciones del continente que conforman esa organización, más el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, expidieron en Bogotá un comunicado de rechazo a las «sistemáticas violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo» de Maduro.
El grupo se hizo eco del informe que presentó en septiembre una misión de la ONU, en el que se documentan casos que comprometen a las fuerzas de seguridad de Maduro, para pedir la actuación de la CPI.
Los países miembros «recomiendan que el informe pueda ser materia del examen preliminar sobre la situación de Venezuela que lleva a cabo la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional».
Protección a las víctimas
Asimismo, plantearon que «a la luz de los hallazgos de estas investigaciones, los responsables de estos crímenes sean juzgados y que las víctimas y testigos reciban la debida reparación y protección».
La declaración fue difundida tras una reunión virtual de los representantes del Grupo de Lima, según la Cancillería colombiana.
El régimen de Maduro criticó el informe de la misión de la ONU por considerarlo «plagado de falsedades» y «sin rigor metodológico alguno».
También señaló que la investigación fue elaborada por «una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington».
El Grupo de Lima, que entre otros integran Canadá, Brasil, Chile y Colombia, volvió a expresar su apoyo a Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por al menos medio centenar de países, así como su rechazo a las elecciones parlamentarias convocadas por Maduro para diciembre.
Pese a las críticas del régimen chavista al informe de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo renovó por dos años la misión que investiga las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
La misión dijo haber encontrado evidencia de que actores estatales, incluido Maduro, estaban detrás de delitos graves, como ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de la tortura.