avión venezolano-iraní / La ALBA
Foto: La Nación

El gobierno de Nicolás Maduro advirtió que dará una «respuesta contundente» ante el traslado del avión de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo -que llegó a Argentina en junio de 2022 con tripulantes venezolanos e iraníes, sospechosos de espionaje- desde Buenos Aires hacia Estado Unidos, donde aterrizó este lunes para su entrega a las autoridades.

Tras conocerse que la aeronave dejó Buenos Aires la madrugada de este lunes, el gobierno chavista emitió un comunicado en el que aseguró que «Venezuela, libre y soberana, dará una respuesta contundente, directa y proporcionada ante este ataque, para lo cual usará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución nacional, la diplomacia y el Derecho Internacional».

En el escrito, difundido en X por el canciller venezolano, Yván Gil, Caracas señaló que el traslado representa la consumación de un «robo descarado», luego de «la confabulación» entre Washington y Buenos Aires, que «de manera artera han violado todas las normas que regulan la aeronáutica civil».

Se trata, además, de una «vergonzosa operación de rapacería» que se suma a la lista de «agresiones delictivas» contra Venezuela ejecutadas por Estados Unidos y que incluyen, dijo, «el secuestro de activos» y «la aplicación de más de 930 sanciones ilegales».

El Estado venezolano insistió en que ejercerá «todas las acciones que permitan restablecer la justicia y lograr la restitución de la aeronave a su legítimo propietario».

El Departamento de Justicia estadounidense informó este lunes en un comunicado de que la aeronave la devolvieron con éxito para su entrega a las autoridades.

Gobierno de Maduro y el caso del avión iraní

El Boeing 747 llegó este lunes al distrito sur de Florida desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, en la localidad de Ezeiza, donde partió a la 01:30 hora local (04:30 GMT).

La aeronave fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur Cargo, filial de la estatal venezolana Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El avión llegó a Argentina el 6 de junio de 2022 con una tripulación de cinco iraníes y catorce venezolanos, que fueron retenidos inicialmente por la Justicia argentina y puestos en libertad por falta de pruebas en el delito de financiación de actividades terroristas.

La Justicia argentina había ordenado a principio de este año el decomiso del avión en respuesta a una solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia de Estados Unidos, que pidió a las autoridades argentinas la confiscación de la aeronave, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.


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