Un grupo de esposas, hijas, madres y hermanas de presos políticos se unieron para compartir sus penas, sus dudas, sus miedos e incluso sus lágrimas. Muchas de ellas no han podido ver a sus familiares detenidos desde hace meses. Además, la llegada del covid-19 le dio una excusa el régimen para que la violencia fuera más brutal para ellas y para los presos.
“Esta angustia de no saber es la peor de las torturas”, confiesa una mujer cuyo marido está desde hace más de dos años en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“Para nosotros es peor, porque tenemos que demostrar que somos más fuertes, soportar las amenazas y las humillaciones como si las aceptáramos”, dice el padre de uno de los detenidos a Infobae.
Los familiares no confían en los tribunales ni en la fiscalía militar, mucho menos en la Corte Marcial. “Violan la ley, violentan los derechos de nuestros familiares, se burlan de nuestros reclamos, no permiten el acceso a los expedientes”, señala la esposa de un oficial detenido.
Desde que inició la pandemia del coronavirus, hay familiares que no saben absolutamente nada de los detenidos, como es el caso de Marisela Parra, madre de Leonardo David Chirinos Parra y Leandro Leomar. El primero es un funcionario de la Dgcim a quien involucraron en la Operación Gedeón aún estando detenido desde semanas antes, y que está desaparecido.
A Leandro Leomar sí lo capturaron en el contexto de la Operación Gedeón. La madre de los Chirinos denunció el secuestro de sus hijos y exigió una fe de vida. Marisela Parra dijo que Leonardo la llamó el 21 de abril para decirle que lo habían detenido y que lo estaban torturando para que diera el teléfono de su hermano. Desde entonces no sabe nada de él.
Los familiares del teniente coronel Igbert Marín Chaparro están en una situación similar desde su desaparición. “Ellos no saben si él está vivo o muerto”, dice la esposa de un militar que acude a la Dgcim a llevar los medicamentos que le pidieron para la tensión de su esposo.
“La mayoría de nuestros familiares han llamado dos o tres veces en los últimos meses, pero la familia de Marín no ha recibido ni una llamada telefónica. No les reciben agua ni alimentos”, agrega la mujer.
Marín fue detenido en 2018 y desde entonces ha sido aislado en los llamados tigritos, en el “cuarto de los locos”, incomunicado durante meses y sin derecho a visita de sus padres, su esposa o sus hijos.
Los familiares de los detenidos dicen que muchas de las torturas que reciben son físicas que les dejan graves lesiones. Sin embargo, aseguran que las peores son las psicológicas. “Si es terrible para quienes estamos afuera, cómo será de cruel para ellos. Cada vez que me acerco a ese lugar, lo hago con miedo, con angustia y eso ha sido día tras día desde que a mi esposo lo detuvieron”, cuenta la esposa de uno de un detenido.
Tampoco creen en la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. “Ella se ha burlado de nuestra condición de víctimas. Yo me arriesgué a ir a dar mi testimonio cuando ella vino a Venezuela (…) pero esa señora tenía otros intereses”, dice una de las familiares de un detenido.
“La comisión que dejó en Venezuela no sirve ni siquiera para procesar las denuncias”, finaliza.