Frente a la creciente preocupación por el destino de las organizaciones no gubernamentales -ONG- en Venezuela, se alzan voces de alerta sobre la imposición de una ley que amenaza con restringir el ya frágil espacio cívico. Expertos y activistas advierten sobre las amenazas que conlleva esa legislación, impulsada por el chavismo, para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la democracia en la nación.
Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, enfatizó a El Nacional la importancia de las ONG en la documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos, así como en la prestación de servicios en medio de la agobiante crisis humanitaria que atraviesa el país.
ONG, amenaza para el autoritarismo
La experta destacó el papel fundamental de las organizaciones en la promoción de valores democráticos y el empoderamiento ciudadano, lo que representa una amenaza para los regímenes autoritarios que pretenden consolidar su poder a expensas de la sociedad civil.
«Los riesgos de que en Venezuela se apruebe una ley antionegé, contra la sociedad civil, son altísimos», expresó Jiménez, quien afirmó que, pese a las dificultades y la falta de un sistema de justicia independiente, el trabajo de las ONG ha sido crucial para visibilizar las violaciones y acompañar a las víctimas.
«Asfixiar el espacio cívico realmente impediría que pudiesen hacer su trabajo», advirtió.
La presidenta de WOLA señaló que la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, aprobada en primera discusión el pasado 23 de enero de 2023, afectaría el trabajo humanitario en Venezuela, que no debe estar sujeto al control del Estado.
Explicó que las organizaciones trabajan en colaboración con las autoridades, pero mantienen su independencia.
Resaltó asimismo la importancia de la labor educativa de las organizaciones civiles, como la red Fe y Alegría, que lleva educación e información a comunidades donde el Estado no llega. «Que se vea reducida esta actividad pone en riesgo la promoción de los derechos humanos, el trabajo humanitario, social y educativo que realiza la sociedad civil», afirmó.
Carolina Jiménez alertó que en un contexto de retroceso democrático y consolidación del totalitarismo, el cierre de las ONG y la aprobación de la ley antioenegé tendrían un impacto negativo tanto en la ciudadanía como en la comunidad internacional.
Callan, hostigan, estigmatizan y criminalizan
La situación, dijo la defensora de derechos humanos, reduciría significativamente la disponibilidad de información sobre derechos económicos y sociales, calidad de servicios básicos, acceso a la salud y alimentación en Venezuela, que proviene en gran medida de las organizaciones.
La presidenta de WOLA recordó que la falta de transparencia y la política de ocultamiento son prácticas comunes del régimen de Nicolás Maduro.
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, agregó: «Esto tiene que ver con la naturaleza propia de estos regímenes. Es una naturaleza de carácter autoritario que busca callar, hostigar, estigmatizar y criminalizar no solo a la sociedad civil venezolana, sino a los sectores o cualquier disidencia».
Según el periodista, los regímenes autoritarios como el que gobierna en Venezuela ven las reglas democráticas y la separación de poderes como amenazas a su permanencia en el poder.
«Una vez que han controlado progresivamente sectores de la sociedad, como la economía, profundizando el clientelismo social y la represión, llega un momento donde las ONG que defienden, promueven y exigen el cumplimiento de las garantías de derechos humanos, que han sido suscritas por estos mismos Estados quedan solas», manifestó.
Murillo también destacó que esos sistemas erosionan la institucionalidad democrática y generan un control absoluto en el que las ONG se convierten en un «estorbo».
Generará más burocracia
Carlos Lusverti, coordinador general de Amnistía Internacional Venezuela, señaló a El Nacional que la ley constituiría un obstáculo importante para el trabajo de las organizaciones, especialmente en un contexto donde el Estado de derecho está constantemente erosionado y la emergencia humanitaria afecta gravemente a la población.
Expresó que las ONG son fundamentales para brindar atención en los espacios donde las personas son más vulnerables.
A pesar de que ya existen mecanismos de control y regulación para las organizaciones no gubernamentales, el abogado y profesor universitario advirtió que la nueva ley generaría un exceso de burocracia que entorpecería sus actividades.
Además, subrayó que otros sectores representativos y de riesgo para la legitimación de capitales no están siendo regulados, lo que evidencia un enfoque selectivo y sesgado por parte del Estado.
El activista indicó que organismos internacionales han destacado la importancia de que cualquier regulación relacionada con el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil respete el derecho de asociación, la libertad de expresión y los derechos que garantizan la independencia y autonomía de estas ONG.
Evitan la vigilancia y el monitoreo
Carolina Jiménez también señaló que los gobiernos autoritarios, como el nicaragüense, han cerrado miles de ONG para evitar la vigilancia y el monitoreo que realizan en temas sensibles como los derechos humanos y la labor comunitaria.
Para estos regímenes, silenciar a las ONG es una estrategia para consolidar su poder y evitar la promoción de valores democráticos y cívicos por parte de la sociedad civil.
La presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos expresó: «Los liderazgos autoritarios siempre tienen como meta última llegar al poder y permanecer en el poder. Y las ONG justamente tienen una meta diferente, que es la de promover valores democráticos, valores cívicos, valores de empoderamiento ciudadano y de respeto y protección a los derechos humanos».
Provea, WOLA, Amnistía Internacional y otras organizaciones y personalidades rechazaron, en un comunicado publicado en días recientes, el proyecto de ley antioenegé.
Ya existe regulación para las ONG
El coordinador de Amnistía Internacional Venezuela y la presidenta de WOLA subrayaron que ya existe regulación para las organizaciones civiles en el país.
De acuerdo con Lusverti, más de 60 normativas las rigen, por lo que considera que la propuesta del chavismo solo crearía obstáculos adicionales para su funcionamiento, al establecerse requisitos discriminatorios y sanciones desproporcionadas que podrían llevar al cierre de muchas ONG, especialmente aquellas de base comunitaria y con recursos limitados.
«Es una trampa que utiliza el gobierno falseando la realidad al decir que no existe regulación. Esta ley vendría a ser innecesaria porque estaría generando nuevos cuellos de botella o complejidades para la debida operación de las organizaciones», aseguró.
Argumentó asimismo que la ley antioenegé parece ser más una forma de persecución y restricción de actividades que una medida legítima de regulación.
Jiménez cuestionó asimismo la necesidad de una regulación adicional y más restrictiva. El borrador de ley que circula, agregó la investigadora, contiene disposiciones arbitrarias que podrían limitar la naturaleza y el alcance de las actividades de las ONG.
Según los estándares internacionales, señaló el coordinador de Provea, la libertad de asociación solo puede ser restringida por los Estados en el contexto de una sociedad democrática. Sin embargo, subrayó, el proyecto de ley del chavismo no presenta motivos válidos que justifiquen restricciones y penalidades.
Alertó que esa legislación podría establecer un sistema de persecución y represión contra el trabajo legítimo de la sociedad civil en Venezuela y que este camino podría llevar al país por el mismo camino de destrucción de Nicaragua, con consecuencias catastróficas para millones de venezolanos que se han visto representados y acompañados por estas organizaciones en la defensa de sus derechos.
Ley antioenegé: artículos vagos
Advirtió asimismo que algunos de los artículos son vagos y se interpretarían de manera discrecional, lo que podría ser aprovechado por el régimen de Nicolás Maduro para restringir las actividades de las organizaciones que considere incómodas.
«Las ONG son efectivamente no gubernamentales, pero, por ejemplo, ¿cómo se leería para un gobierno autoritario una ONG que eduque a la ciudadanía sobre valores democráticos, a pesar de que es una actividad totalmente válida y legítima? ¿Cómo leería el gobierno una ONG que promueve el derecho al voto de las poblaciones indígenas que, insisto, es totalmente legítima?», cuestionó.
«Entonces, cuando los artículos son vagos y el contexto es uno de autoritarismo, sabemos que el fin último de esas leyes no es realmente promover financiamiento transparente, es ejercer control y reducir el espacio cívico y de funcionamiento de las ONG que les son incómodas a los gobiernos autoritarios», añadió la defensora de derechos humanos.
Detención de Rocío San Miguel
Oscar Murillo y Carlos Lusverti expresaron preocupación por la detención de defensores de derechos humanos, como Rocío San Miguel (Control Ciudadano) y Javier Tarazona (Fundaredes), periodistas y otras personas de sectores democráticos.
El coordinador de Provea denunció un patrón evidente por parte del gobierno de reprimir a la sociedad civil y crear un clima de temor y sugirió que las detenciones arbitrarias, los ataques a organizaciones y figuras de derechos humanos, así como la criminalización de la solidaridad, forman parte de una estrategia para debilitar el trabajo de las ONG y los defensores de los derechos humanos en el país.
Por otro lado, el vocero de Amnistía Internacional argumentó que las restricciones incluyen la limitación del derecho de asociación, la libertad de expresión y los derechos políticos. , así como el profundización del debilitamiento del Estado de derecho y la democracia.
«Un mayor estado de indefensión»
El coordinador general de Provea ratificó la posición de la organización al calificar esta propuesta como un atentado contra la libertad de asociación en el país. Subrayó que esta iniciativa forma parte de una política destinada a debilitar y neutralizar el papel vital que desempeña la sociedad civil venezolana en la esfera cívica y democrática del país.
Murillo señaló además que organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las relatorías especiales de libertad de expresión, tanto de la ONU como del Sistema Interamericano, han emitido alertas sobre el deterioro del espacio cívico.
«La ley es una escalada importante que dejaría a los venezolanos en un estado mayor de indefensión que en el que se encuentra en este momento producto de una actitud abiertamente impositiva del ejecutivo nacional», manifestó.
Venezuela: con escenarios adversos
La presidenta de WOLA dijo que Venezuela tiene «varios récords» por los que ningún país o gobierno debe sentirse orgulloso.
Recordó que Venezuela enfrenta una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, siendo el único país del continente americano con un proceso abierto por esos hechos, y destacó que la Fiscalía de la CPI emitió documentos que respaldan la existencia de bases razonables para tales acusaciones.
Asimismo, resaltó la existencia de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, activa debido a la persistente preocupación internacional por la situación, y la crisis migratoria, con más de 7,72 millones de venezolanos fuera de su país.
Otro de los principales problemas señalados por la experta es la falta de garantías de derechos políticos en el contexto electoral.
«Las inhabilitaciones políticas que recientemente fueron ratificadas por el Tribunal Supremo de Justicia, tanto para Capriles Radonski como para María Corina Machado, no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, son arbitrarias y violan sus derechos políticos», manifestó Jiménez.
Expresó también su preocupación por las restricciones al derecho al voto, especialmente para los venezolanos en el exterior. A pesar de estimaciones que sugieren que 4 millones y medio de personas podrían votar desde el extranjero, la activista enfatizó que solo un número mínimo está registrado en el sistema electoral, citando cifras del periodista Eugenio Martínez.
Con ese contexto, Carolina Jiménez instó al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir sus propias leyes y tratados internacionales y garantizar elecciones libres, justas y transparentes este año.
Crisis venezolana aún es relevante
En palabras de Oscar Murillo, la crisis en Venezuela sigue siendo un tema relevante en la agenda internacional, en parte, gracias al movimiento autónomo y comprometido que ha mantenido viva la atención sobre la crisis del país.
El periodista expuso que, si bien la atención hacia Venezuela ha disminuido en comparación con años anteriores, aún existen acciones significativas por parte de la comunidad internacional, como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y la investigación en la Corte Penal.
Subrayó que Venezuela enfrenta un grave déficit en materia de derechos humanos, incluyendo restricciones a la participación política y ciudadana, así como dificultades en los derechos económicos, sociales y culturales, como la educación y la salud.
En este sentido, hizo un llamado urgente a la solidaridad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo para que se posicionen firmemente a favor del respeto y la garantía de los derechos y libertades democráticas en Venezuela.