Oscar Murillo, director de la organización no gubernamental Provea, advirtió este jueves de un peligroso escenario de extinción del Estado de derecho en Venezuela tras la desaparición forzada de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, y las posteriores declaraciones del fiscal general Tarek William Saab.
Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar arrestaron a la activista el viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía junto a cinco familiares: su hija, su exesposo, dos hermanos y su padre. El régimen socialista la vincula con una supuesta conspiración que incluía el «asesinato» de Nicolás Maduro y la acusa de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Sus familiares fueron excarcelados con la prohibición de salir del país y declarar a los medios, pero su expareja y padre de su hija continúa detenido.
La detención de San Miguel, quien cuenta con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2012, suscitó profunda preocupación en la comunidad internacional, que ha instado al gobierno de Maduro a respetar el debido proceso y a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Provea: Sí es desaparición forzada
Murillo, en entrevista con El Nacional, enfatizó que las arbitrariedades que rodean el caso de Rocío San Miguel violan el Convenio de Ginebra y la Declaración Universal de Derechos Humanos con las arbitrariedades y, contrario a las declaraciones del fiscal general el miércoles, afirmó que sí es una desaparición forzada.
Destacó que este es uno de los delitos más graves cometidos por el Estado venezolano. «La desaparición forzada puede ser corta o prolongada, pero que sea corta no significa que no sea una desaparición forzada», explicó el representante de Provea.
Aclaró que la organización que representa no pretende confrontar en este caso con el fiscal general, pero dijo que ante un abuso o una arbitrariedad, tiene que levantar la voz.
Señaló que a la activista y experta en temas militares no la presentaron en las 48 horas seguidas a su detención y que no se le ha permitido la asistencia de sus abogados.
«Si tú lo haces con una persona de un elevado perfil mediático, con reconocimiento y credibilidad nacional e internacional (como Rocío San Miguel), quiere decir que el nivel de desprotección de los venezolanos es tremendísimo», alertó.
«Una escalada de represión»
Murillo considera que lo que ha ocurrido en el país recientemente es una «muestra muy gráfica» de una escalada de la represión y del uso de todos los niveles de justicia para perseguir a la disidencia.
«Estamos viendo que el fiscal forma parte de la arbitrariedad, de la violación de derechos humanos, al admitir que ella estaba detenida -pero nadie sabía dónde estaba- y al asegurar que se le han respetado los derechos -pero ningún abogado tuvo acceso a ella-. Se le incomunicó a la familia», manifestó.
Dijo además que lo que le ocurrió a Rocío San Miguel puede pasarle a cualquier venezolano y reconoció que esa es una de las inquietudes de la organización. «La desprotección del ciudadano frente al poder del Estado que, en lugar de respetar y garantizar los derechos, los está violando».
Criminalización de la solidaridad en Venezuela
El periodista criticó asimismo que, en medio de un espiral de violencia, el propio fiscal general Tarek William Saab y las instituciones del Estado criminalicen la solidaridad que las ONG han expresado hacia la defensora de derecho humanos.
«El Estado, por concepción, está para respetar y garantizar los derechos ciudadanos. En este momento hay una reversión de la naturaleza del Estado y vemos un Estado que está cometiendo una serie de abusos tipificados en la ley», afirmó.
El abogado Joel García comunicó el miércoles que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanaron la residencia de Rocío San Miguel y se llevaron al menos 20 mapas no actualizados de Venezuela y el iPad de Miranda Díaz, hija de la activista.
García expresó preocupación ante la posibilidad que los agentes sembraran evidencias contra la presidenta de Control Ciudadano. Y, frente a esto, Murillo recordó que si el Estado no informó sobre la situación de San Miguel, los abusos podrían ocurrir en todo su caso.
«No puedo tener confianza en un procedimiento de allanamiento o de incautación de bienes en la casa de Rocío San Miguel. Si todo comenzó con arbitrariedades, se han violado todos los derechos humanos de esta persona, no estoy en capacidad para decir qué pasó, pero sí puedo poner en duda estos procedimientos porque no ha habido transparencia desde el primer momento», expresó.
Persecución del grupo familiar de San Miguel
El coordinador general de Provea subrayó la gravedad del patrón de persecución del grupo familiar porque «es una forma de tortura» que pretende quebrar la voluntad de las personas detenidas.
«Puedo decir que su hija Miranda, que es periodista y no vive en Venezuela, estaba de vacaciones. Entonces vino al país, se encontró con su familia y hoy día tiene una imputación en su contra», señaló.
Murillo destacó que a los familiares de la presidenta de Control Ciudadano los detuvieron por supuestamente obstruir la justicia, si bien todavía no se conocen con claridad los cargos y se debe esperar a que la defensa pueda acceder a los expedientes.
«Obstruir la justicia qué sería… ¿tenían una maleta porque iban de viaje y no la querían entregar? ¿No dar un número telefónico? Tantas cosas que pudieron haber ocurrido desde el viernes hasta la fecha que cualquier elemento puede encapsularse bajo la supuesta obstrucción de justicia», dijo.
El representante de Provea indicó que el mismo día de la detención los familiares pudieron conversar brevemente con Rocío San Miguel, pero desde entonces está incomunicada.