Las protestas han continuado en Venezuela a pesar de la pandemia: en 90 días hubo al menos 1.506 manifestaciones en un país que no garantiza a los ciudadanos ni calidad de vida ni vacunas para el covid-19.
Un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señala un promedio de al menos 17 protestas diarias, una cifra que es 24% menor en comparación con el mismo período de 2020 pero alarmante tomando en cuenta la pandemia.
De las 1.506 manifestaciones registradas, 1.144 estuvieron relacionadas a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (76%).
362 protestas fueron por derechos civiles y políticos, lo que refleja que en este período empeoró la estigmatización y criminalización a defensores de derechos humanos y periodistas.
Además, advierte el OVCS, “las personas privadas de libertad y sus familiares son víctimas de la negligencia del sistema judicial, que está viciado de irregularidades en el manejo de los lapsos exigidos en la ley”.
Los estados con mayor cantidad de protestas fueron Anzoátegui y Sucre, con 130 cada uno. Le siguen Táchira (120), Lara (111), Portuguesa (101) y Mérida (100).
Entre las características que menciona la ONG sobre las protestas destaca la exigencia de que el salario sea dolarizado, una represión que dejó 13 detenidos, 6 heridos y 1 fallecido; la exigencia de trabajadores de la salud, educación y otros oficios por un salario digno, así como la petición de mejorar servicios colapsados como la electricidad, el agua, la gasolina y el Internet.
También ha habido protestas de personas que piden un plan de vacunación contra el covid-19 que sea eficaz, denuncias por ataques a las ONG, estudiantes que piden clases, así como grupos indígenas del Zulia que exigen la pronta demarcación de tierras por parte de las autoridades y como medidas de presión invaden fincas productoras de la zona, entre otras.
Un dato que sigue alarmando es que el régimen no deja de reprimir a los ciudadanos a pesar de que el país está colapsado.
El OVCS recordó el caso de Tomás Eduardo Romero Castillo, asesinado el 13 de enero por arma de fuego en Cojedes durante un intento de saqueo contra un camión de pollos. Testigos señalan a funcionarios de la GNB, la PNB y la Policía del estado Cojedes como responsables.
Y además menciona la ONG que hubo represión en 23 protestas en 13 estados, con un saldo de 13 detenidos y 6 heridos.
Durante este semestre el evento más resaltante fue el conflicto armado en Apure, donde “los moradores protestaron denunciando las agresiones recibidas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Desde atropellos físicos, robo de mercancía a comerciantes, robo de electrodomésticos hasta detenciones y ejecuciones extrajudiciales”.
Esta situación, subrayó el OVCS, ha generado alrededor de 5.000 desplazados hacia Colombia, agudizando la emergencia humanitaria venezolana con una dimensión del conflicto.
“En la medida en que se recrudece el control social, se reduce el espacio cívico, mientras aumentan las arbitrariedades y abusos de poder, los venezolanos no cesan en expresarse con acciones de protesta en exigencia de la reivindicación de sus derechos civiles”, dice la ONG.
