inhabilitaciones
Elvis Amoroso | Foto: Archivo

Un total de 150 inhabilitaciones para ejercer cargos públicos en Venezuela dictó el régimen entre 2019 y 2020, luego de que según la Contraloría «contravinieran» las normas del Estado. Así lo informó este jueves el contralor general del régimen, Elvis Amoroso.

«Durante 2019 y 2020 se impuso la sanción de inhabilitación a más de 150 ciudadanos por contravenir las normas», dijo Amoroso durante la presentación de su informe de gestión ante la Asamblea Nacional chavista.

Sin embargo, no ofreció la lista de inhabilitados, pero entre ellos destaca el líder opositor Juan Guaidó, contra quien el régimen emitió una inhabilitación para ejercer cargos públicos desde 2019, luego de su proclamación como presidente interino.

Sin embargo, el mes pasado el régimen volvió a anunciar una inhabilitación contra Guaidó.

Sancionados

Además del reporte de inhabilitaciones políticas, Amoroso dijo que 320 funcionarios fueron sancionados por no realizar su declaración jurada de patrimonio. Aseguró que se trata de personas que buscan «esconder» algún hecho ilícito.

«En el 2020 realizamos 699 actuaciones fiscales, en diferentes instituciones del Estado venezolano. En ese sentido, realizamos 554 inspecciones directas en más de 400 instituciones del Estado venezolano y aplicamos 421 multas», agregó.

Corrupción

También se refirió a la corrupción en el país y dijo que, en ese mismo período, su despacho presentó 216 acciones.

“Esto es para continuar desmontando una serie de hechos vinculados a exdiputados opositores y sus familiares”, señaló.

Reiteró la acusación contra Guaidó de supuestamente haber robado recursos del Estado venezolano.

«Lamentamos mucho los venezolanos que exfuncionarios y exdiputados venezolanos utilizaran nuestra patria, los recursos del Estado venezolano, para destruir a las instituciones legítimamente constituidas, en la cual se encuentran involucrados Juan Guaidó y un grupo de ciudadanos», dijo.

Activos en el exterior

Entre ese grupo de personas, el contralor madurista mencionó a Javier Troconis, designado por Guaidó para la gestión y control de activos de Venezuela en el exterior; y quien supuestamente recibió 187 millones de dólares de manos del expresidente de la estatal petrolera Pdvsa Rafael Ramírez, también acusado por corrupción.

Amoroso recordó que su despacho actuó contra estos exfuncionarios para inhabilitar sus cuentas o funciones públicas. Pero afirmó que la ley contra la corrupción debe ser modificada para ser más contundente.

«No podemos quedarnos solamente en la sanción penal. Debemos buscar la manera de que los funcionarios corruptos, así estén presos, se busque la manera de resarcir el daño patrimonial que le han hecho al país», dijo.


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