El periódico venezolano El Nacional dejó de imprimirse en papel hace tres años, después de más de medio siglo de andadura. Crítico con el régimen de Nicolás Maduro, sus directivos y periodistas han sufrido amenazas, ataques a la redacción y una campaña de acoso constante que ha obligado a más de uno a exiliarse. Fundado en 1943, el emblemático diario vive ahora uno de sus momentos más complicados tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que obliga a pagar una multa de 13 millones de dólares para resarcir el daño moral a Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosos del gobierno de Maduro.
Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, instalado en Madrid desde hace cinco años, no se amilana ante lo que considera una campaña de persecución para callar al periodismo libre. “No vamos a pagar esa multa por una demanda que no se sostiene de ninguna manera”, dice en entrevista con La Razón de España.
El origen de este caso se remonta al año 2015, cuando El Nacional se hizo eco de una noticia de ABC y de The Wall Street Journal en la que se informaba de que Cabello estaba siendo investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico, todo a partir de la confesión de Leamsy Salazar, que había sido hasta entonces el guardaespaldas del líder chavista y que había huido a EE UU como testigo protegido.
“Nosotros nos limitamos a replicar una noticia que habían dado otros medios”, defiende Otero, para quien el régimen aplicó medidas cautelares dos semanas después de su salida de Venezuela, acusado de difamación. “Si fuera por Cabello, El Nacional sería expropiado. Ha dicho mil veces que quiere apropiarse del edificio y montar una escuela de periodistas allí”, manifiesta.
A propósito de difamación, Otero señala que Cabello lanza desde su programa televisivo Con el mazo dando continuas injurias y amenazas contra numerosos venezolanos incómodos. “Si hubiera que demandarlo por sus difamaciones no habría dinero en América Latina para pagar las multas”, afirma.
La directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se solidarizó con Otero, ante lo que ha definido como la “expoliación” del medio. “La multa que nos han puesto hace mucho daño al régimen porque ofrece una sensación de inseguridad jurídica justo cuando vende la imagen de que la separación de poderes ha mejorado y de que las empresas pueden invertir en Venezuela”, señala.
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Cabello está obsesionado con El Nacional
Con respecto al demandante, Otero cree que existe no solo un deseo deliberado de acallar voces críticas del periodismo venezolano sino que Cabello también está movido por “una inquina personal”
Sobre Cabello pesan cargos por delitos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y tenencia de armas. Desde EE UU se le puso un precio de 10 millones de dólares a su cabeza. La Agencia Antinarcóticos estadounidense, la DEA, cree que Cabello es uno de los jefes del cartel de los Soles, formado por militares venezolanos. “Si esto es así”, explica Otero, “tiene mucho que ver con las alianzas que hizo Hugo Chávez con la narcoguerrilla colombiana de las FARC. Chávez cobijó en Venezuela a los guerrilleros y probablemente muchos dentro del régimen decidieron participar del negocio de la droga de la guerrilla, que no tiene nada que ver con la de los años sesenta. Yo no sé si es así, pero es lo que dice la DEA”, explicó.
La censura chavista
Según la organización venezolana Espacio Público, solo en el año 2020 se vieron obligados a cerrar 17 medios digitales de información y 18 estaciones de radio locales. Venezuela ocupa el puesto 147 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por Reporteros sin Fronteras. Para Otero, la censura del régimen chavista es más “sofisticada” que la censura tradicional de “otras dictaduras del pasado”.
“El chavismo -dice Otero- pretende tener la hegemonía comunicacional siguiendo el modelo de Cuba, y por ello va cerrando círculos informativos con ataques de colectivos y con juicios a periodistas. No es censura directa, pero tiene el mismo resultado porque introduce el miedo. El ejemplo más claro es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte), que sirvió para cerrar Radio Caracas Televisión”.
Otero asegura que en Venezuela aún quedan periodistas “valerosos e independientes” y medios dispuestos “a contar las cosas como son”, pero desde otro formato. “Todos los periódicos independientes en Venezuela se han visto obligados a migrar desde el papel a la web. Pero también en internet el gobierno tiene capacidad de bloquear los portales cuando sacan noticias que no interesan al régimen”.
Otero recuerda que Venezuela “fue una escuela de periodismo gigantesca en esos años anteriores a Chávez, cuando había 19 escuelas de periodismo”.
Emisarios chavistas han tratado de comprar El Nacional en dos ocasiones, cuenta el editor: “Yo rechacé la propuesta de compra las dos ocasiones. No nos vamos a rendir. Podrán quedarse con el edificio, pero el periódico es mucho más que eso. Estoy convencido de que El Nacional informará del regreso de la democracia a Venezuela”.