La defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue detenida el viernes 9 de febrero cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, informaron a El Nacional fuentes cercanas a San Miguel.
La detención de la experta en seguridad está relacionada con las investigaciones que lleva a cabo el régimen por los casos de conspiración denunciados por Nicolás Maduro el pasado 15 de enero en la presentación de la Memoria y Cuenta en la Asamblea Nacional.
Por estos hechos, hasta el 24 de enero, se contabilizaban 36 personas detenidas y 22 solicitadas por la justicia venezolana, según informó el fiscal general, Tarek William Saab.
«Rocío San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho MUY GRAVE que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas», denunció Provea.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón también se pronunció sobre la detención arbitraria de San Miguel y señaló que «allegados a la activista denuncian que desconocen su paradero a más de 24 horas de ocurrida la detención».
Vente Venezuela aseguró que con esta acción «el régimen sigue arremetiendo contra la sociedad civil como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos».
Asimismo, entre los señalados por el gobierno de estar vinculados con estas conspiraciones figura la periodista Sebastiana Barráez, acusación que fue rechazada por el Colegio Nacional de Periodistas.
El CNP denunció que se trata de «otro grave atentado al derecho a la libertad de expresión, la libertad de información y al debido proceso.
A su juicio, algunos funcionarios de alto nivel de la Fiscalía y autoridades del Poder Judicial incumplen recomendaciones o protocolos de la ONU sobre abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión y el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas, dirigentes sindicales, estudiantiles, políticos y defensores de derechos humanos.
El CNP repudió que se pretenda continuar criminalizando a reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos, sin conocimiento o acceso a los medios probatorios, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al derecho de designar defensores privados.
Por su parte, las autoridades gubernamentales informaron de la expulsión de más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicados en estas conspiraciones, que incluían el intento de asesinato de Nicolás Maduro.