La ONG de Venezuela Control Ciudadano solicitó este martes a la Fiscalía y demás autoridades «determinar las responsabilidades» de funcionarios civiles y militares «que permitieron que, durante la última década, se instalará a sus anchas la minería ilegal» en el parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas, sur, fronterizo con Brasil y Colombia.
«Control Ciudadano exhorta al Ministerio Público (MP/Fiscalía) y demás autoridades competentes a determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas de funcionarios públicos, civiles y militares, con competencia de guardería ambiental, por la omisión de su deber de impedir (…) los daños ecológicos (…) ocasionados al parque nacional Yapacana», pidió la ONG en un comunicado.
La organización destacó que, si bien las autoridades militares han detallado el despliegue de más de 25.000 militares en Yapacana para «erradicar, definitivamente, la minería ilegal» y el desalojo de más de 14.000 personas señaladas como «mineros ilegales» desde el 1 de julio, hasta la fecha no se han determinado responsabilidades por la omisión del deber de «guardería ambiental».
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Desde julio, la Fuerza Armada ha llevado a cabo múltiples operativos en la Amazonía venezolana que han resultado en la expulsión de más de 14.000 personas señaladas como «mineros ilegales» y en el desmantelamiento de «más de 4.500 estructuras tipo campamentos» usadas para la práctica ilícita de esta actividad, según la institución castrense.
El pasado jueves, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó de la detención de 51 personas acusadas de practicar la minería ilegal en la Amazonía, 42 de ellas extranjeras, de las cuales 37 son de nacionalidad colombiana, dos brasileños, dos ecuatorianos y un peruano.
El militar dijo recientemente que un tribunal ha autorizado la aplicación de «medidas judiciales precautelares» contra los acusados de practicar la minería ilegal en Yapacana.
La acción judicial autoriza a la FANB a aplicar medidas de «carácter ambiental», sin detallar si este permiso incluye la potestad para arrestar a civiles.