La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha detenido a 51 personas acusadas de practicar la minería ilegal en la Amazonía, 42 de ellas extranjeras, durante operativos de desalojo en la zona, informó este jueves el comandante estratégico operacional de este cuerpo militar, Domingo Hernández Lárez.
«En virtud de las operaciones realizadas, actualmente se encuentran detenidas 51 personas», dijo el funcionario en un mensaje publicado en X (antes Twitter). Detalló que en el grupo hay 9 venezolanos, 37 personas de nacionalidad colombiana, 2 brasileños, 2 ecuatorianos y 1 peruano.
De acuerdo a la Boleta de Notificación emanada del Tribunal Primero de Control del estado Amazonas, se decretan las medidas precautelativas solicitadas por la Fiscalía 87 con competencia nacional en Derechos Ambientales, en virtud de la cual se autoriza entre otras, a la #FANB… pic.twitter.com/8ueVp6y7GW
— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) September 21, 2023
Es el primer balance de detenciones ofrecido por el militar desde que comenzaron los desalojos de presuntos mineros ilegales en el parque nacional Yapacana, en el estado Amazonas (fronterizo con Brasil y Colombia), el primero de julio.
Hernández Lárez indicó que hasta la fecha evacuaron a «13.500 mineros ilegales, con el debido respeto a los derechos humanos».
Medidas aplicadas por la FANB
El militar recordó que recientemente un tribunal autorizó la aplicación de medidas judiciales precautelares contra los acusados de practicar la minería ilegal en Yapacana.
La acción judicial autoriza a la FANB a aplicar medidas de carácter ambiental, sin detallar si este permiso incluye la potestad para arrestar a civiles.
Esta resolución incluye permisos para desmantelar campamentos y estructuras donde se realice la práctica ilegal de la minería, así como para decomisar y destruir artefactos como dragas, motores, plantas eléctricas y mangueras, teniendo especial cuidado en el manejo de sustancias peligrosas que se encuentran en los sitios.
Hernández Lárez reiteró que esos procedimientos se hacen con la Fiscalía para proteger y hacer respetar los derechos humanos de quienes habitan en el territorio, la mayoría indígenas.