Un acuerdo opaco y múltiples conexiones fueron los cimientos sobre los que uno de los principales traficantes de oro del sur de Venezuela edificó un circuito para explotar el codiciado mineral en un territorio del pueblo pemón, rico en minerales en Guayana, para llevarlo a Miami, en Estados Unidos. El circuito incluía un enrevesado esquema corporativo, por el que el oro llegó a suelo norteamericano siguiendo pasos legales en apariencia. Al final, transitaría por una franca ilegalidad, pero con el mismo destino: Miami.
La inusitada ruta empieza en Chirikayén, una apacible comunidad indígena fundada en 1971 en el municipio Gran Sabana, un altiplano entre tepuyes, las características mesetas de esa antigua formación geológica en el sureste del estado Bolívar. Su nombre hace alusión en lengua pemón al hábitat de un pequeño pájaro de plumaje verde. Desde Chirikayén parten excursiones a un tepuy del mismo nombre, cuya cumbre rocosa parece dibujar la silueta de una persona, tan definida que luce esculpida a propósito. Le llaman el Indio Acostado. Esta montaña es ciertamente menos conocida que el tepuy Roraima, la cumbre más alta de la Sierra Pacaraima y mole que sirve de hito fronterizo entre Venezuela, Brasil y Guyana (antigua Guayana Británica). Aún así, el Chirikayén ha cobrado popularidad entre quienes practican el turismo de aventura y las caminatas exigentes.
En la ruta al asentamiento del pueblo pemón no hay minas visibles. Tampoco movimiento de camiones o motocicletas, usuales en zonas mineras. En varios tramos, la masa boscosa amenaza con invadir la pica arcillosa y maltrecha que conduce a la comunidad. Por imágenes satelitales, o de acuerdo a la experiencia de los pobladores, se sabe que los yacimientos mineros están camino adentro, hacia la comunidad de Ikabarú y las orillas del río homónimo, que desemboca en el negro Caroní y bordea otro grupo de minas ilegales.
De hecho, Chirikayén no queda dentro del perímetro del megaproyecto estatal Arco Minero del Orinoco, creado en 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro. En las 45.000 hectáreas de la comunidad no hay áreas delimitadas por ley para el ejercicio de la minería, un requisito indispensable para la extracción comercial de los recursos naturales en el subsuelo. Pero a hora y media de caminata desde los pies del Indio Acostado ya se encuentran minas activas, ilegales, controladas por el pueblo indígena.
En ese enclave, Andrés Antonio Fernández Soto, mejor conocido como Toñito, operó con permiso, pero no del Estado venezolano, sino de la capitanía indígena. El hombre de 47 años, oriundo de La Fría, una localidad del estado Táchira, en los lejanos Andes del suroeste venezolano, se desenvuelve sobre una zona gris de actividades en la que, si bien es considerado un empresario, también se ha ganado motes como El Rey, que alude a su poder, o El Pran, referido a su posición en el organigrama vertical de un grupo criminal.
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Por María de los Ángeles Ramírez / Joseph Poliszuk.