Andrés Velásquez, presidente del partido La Causa R, denunció este sábado el allanamiento de seis viviendas pertenecientes a dirigentes de la tolda política en Maturín. Así lo denunció a través de su cuenta de X (@AndresVelasqz).
Entre las viviendas allanadas está la del secretario general, Pablo Morillo. ‘»El acoso, persecución, censura, judicialización y todo tipo de arbitrariedades, son parte de la agenda fraudulenta de Maduro», expresó Velásquez.
Esta arremetida de las fuerzas de seguridad se suma al arresto de Whillfer Piña y Renzo Flores, miembros de La Causa R (@LaCausaRVe).
Tamara Suju, abogada defensora de Derechos Humanos, denunció que «continúa la represión de Maduro» a través de su cuenta de X.
Sigue vigente la persecución
En los últimos años, Venezuela ha experimentado un recrudecimiento de la persecución a la disidencia política. El gobierno de Nicolás Maduro ha implementado una serie de estrategias para silenciar cualquier voz crítica.
Estas acciones incluyen las detenciones arbitrarias. Activistas, periodistas, líderes políticos y ciudadanos comunes son arrestados. También encarcelados sin el debido proceso legal. Muchos de ellos son torturados o sometidos a tratos crueles e inhumanos.
Las fuerzas de seguridad del Estado han utilizado la violencia y la intimidación para disolver protestas pacíficas y acallar las voces críticas. Los disidentes son constantemente vigilados, amenazados y hostigados.
Por su parte, el gobierno ha impuesto una serie de medidas para controlar la información y limitar la libertad de expresión. Se han cerrado medios de comunicación independientes, se ha bloqueado el acceso a internet y se ha restringido el derecho a la protesta.
Consecuencias
La persecución a la disidencia ha tenido un impacto devastador en la sociedad venezolana. Ha generado un clima de miedo y autocensura, ha limitado el espacio para la participación política y ha contribuido al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
Organizaciones internacionales como la ONU y la CIDH han condenado la persecución a la disidencia en Venezuela y han exigido al gobierno que ponga fin a estas prácticas.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de presionar al gobierno de Maduro para que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos.