El partido opositor La Causa R denunció este viernes «allanamientos» en viviendas de cuatro de sus miembros en el estado Monagas (este), entre ellos su secretario general en esta región, Pablo Morillo.
«Denunciamos ola de allanamientos por parte de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en residencia de nuestro secretario general en Monagas, Pablo Morillo, y tres dirigentes de nuestra organización en ese estado», escribió la formación antichavista en la red social X.
En este sentido, el partido exigió el «cese de la persecución política con falsos expedientes» contra su militancia.
#Alerta, denunciamos ola de allanamientos por parte de la DGCIM, en residencia de nuestro Sec. gral en Monagas, Pablo Morillo y 3 dirigentes de nuestra organización en ese estado.
Exigimos cese de la persecución política con falsos expedientes en contra de nuestra militancia.
— La Causa Я (@LaCausaRVe) March 15, 2024
El exgobernador Andrés Velásquez, dirigente nacional de La Causa R, denunció «el vil atropello del cual están siendo objeto por parte del DGCIM militantes» del partido en Monagas.
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado expresó en X su respaldo a la formación «ante esta nueva arremetida represiva del régimen», en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro.
Todo mi apoyo a los equipos de @LaCausaRVe ante esta nueva arremetida represiva del régimen. Mucha fuerza, estamos con ustedes! https://t.co/oBOlHP0Woy
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 15, 2024
Detenciones de militantes
El pasado martes, La Causa R denunció la «detención arbitraria» de su dirigente en Monagas Whillfer Piña, cuyo paradero y estado de salud, según dijo este viernes la formación, aún desconocen sus familiares, tras cuatro días de la aprehensión.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó el miércoles de la detención de Piña y del también miembro de esa formación Renzo Estibenz Flores, a quienes acusó de conspiración y amenazas de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Varias organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y antichavistas han alertado de un «recrudecimiento» de la «represión y la persecución» política, a meses de las presidenciales, fijadas para el próximo 28 de julio, mientras que el gobierno, por su parte, acusa a opositores de haber estado involucrados en planes conspirativos.