En el primer semestre de 2023 se registraron al menos 355 ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios de seguridad del Estado, según un informe del proyecto Lupa por la Vida, el cual es impulsado por la Fundación Centro Gumilla y Provea.
Las víctimas, más de 90% hombres, tienen entre 18 y 30 años de edad en 60,49% de los casos. De la cantidad total, 63,66% fueron identificadas, por lo que 36,34% permanecen anónimas.
El grupo del Estado que estuvo más involucrado en ejecuciones extrajudiciales fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a pesar de que la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) fue disuelta. En total, la institución tiene 96 casos de asesinatos (27,04% del total). Le siguen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 67, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con 63 y las policías estatales con 62 casos.
Los estados con mayor cantidad de casos son Carabobo (68), Zulia (61), Miranda (60) y Aragua (33). Sin embargo, Lupa por la Vida destacó que hay una tendencia a la disminución en Anzoátegui (15), Aragua (el año pasado se registraron 105 ejecuciones), Bolívar (14), Guárico (11), Yaracuy (8) y Zulia (61).
Para la organización, las disminuciones que se han registrado no se deben a cambios en las políticas de seguridad por parte del Estado, sino a cambios motivados por los resultados del informe de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones unidas y la investigación iniciada por la Corte Penal Internacional (CPI), “que ponen en la mira a los responsables de crímenes de lesa humanidad”.
Entre sus conclusiones, Lupa por la Vida destacó que, a pesar de las investigaciones de la ONU, todavía se mantienen en las cadenas de mando personas que han sido señaladas como responsables de crímenes de lesa humanidad.
Además, subrayó que ve con preocupación que “no hay indicios claros de voluntad de las instituciones nacionales para investigar y sancionar a los autores materiales y cadenas de mando de las privaciones arbitrarias de la vida, lo cual alienta las prácticas que producen crímenes de lesa humanidad”.
“No se conoce ningún esfuerzo serio y continuo por parte del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial para investigar y sancionar a autores materiales y los más altos responsables de las miles de presuntas ejecuciones ocurridas”, insistió la organización.