La mujer ora con fervor en una comisaría. Mientras el pastor va diciendo unas palabras, ella va pidiendo “que todo sea para tu gloria Señor. Te pedimos que no existan más cárceles en Venezuela y por todos los que permanecen en ellas actualmente”. A pocos metros de donde ese grupo de personas están orando hay 1.200 privados de libertad. No están en una cárcel, pero sí en una comisaría que desde hace muchos años cumple el papel de un centro penitenciario.
El Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo en San Félix al sur del país, alberga a hombres: procesados, condenados y que están por diversos delitos que van desde hurto hasta homicidio.
Una reja azul y unos muros los separan de la libertad. Al entrar se ve un pasillo largo, con mucha claridad. El piso está mojado, unos dos o tres reclusos tienen varios minutos limpiándolo. Dentro de cada calabozo hay pequeñas puertas, que al abrirlas se ven literas, más colchonetas, en ese espacio tan pequeño duermen a diario al menos unos 8 hombres.
Mientras que en otras áreas de la comisaría hay locker los cuales emplean para guardar productos de limpieza y otros utensilios. Arriba de ellos también hay colchonetas, al caer la noche son bajadas al piso que ocupan más de 20 detenidos. A pesar de haber más 1.200 privados de libertad, no hay bullicio, tampoco suciedad. Cada uno permanece en sus actividades. Pareciera no haber tiempo para el ocio.
La infraestructura de la comisaría está formada por paredes pintadas de forma unicolor, o con mensajes bíblicos. Dos reverberos a llama alta con un budare sobre ellos y unas 8 arepas, ese olor se mezcla con el del cemento fresco que está a pocos metros. Su día inicia a las 5:00 de la mañana y culmina a las 8:00 de la noche cuando se apagan las luces.
A simple vista pareciera que los calabozos que perteneciente a la Policía del Estado Bolívar (PEB), estuvieran bajo su gestión, pero no es así. Cada construcción, mantenimiento, etc, depende toda y absolutamente de la autogestión de los privados de libertad.
Un orden que recae sobre los hombros de un grupo de hombres que son descritos por los detenidos como unas personas “con una visión de valores, de respeto y mejoras en la calidad de vida”.
Uno de los privados de libertad tiene 45 años, explicó que “durante el tiempo que permanece un compañero aquí preso de busca que participe en proyectos, sea beneficiado en la atención social, espiritual y de salud, así como en la búsqueda de soluciones legales para cada uno”, él es tan solo uno del grupo encargado de mantener el orden en el recinto.
Mejoras
Una fuente policial le destacó a El Nacional que, “al Estado le sale gratis tener a un preso en una comisaria en vez de tenerlo en una cárcel”, debido a que el Ministerio Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en su presupuesto no toma en cuenta a los más de 6 mil privados de libertad que hay en las comisarías del país, debido a que su competencia es solo en temas carcelarios.
Informes de Transparencia Venezuela revelaron que el presupuesto del 2012 al 2016 del MPPSP fue de 36.470.000.000 bolívares, lo que representaba en el 2016: 5.183.715.098 dólares-tomando como referencia el dólar oficial de ese entonces-.
Y el presupuesto de las policías estatales y municipales tampoco contempla a los presos que tienen a su cargo.
En menos de 3 años el CCP Guaiparo amplió algunas áreas y otras se construyeron desde cero. “Actualmente estamos construyendo más baños, que cuentan con 7 pocetas, 1 uninario, 2 duchas, 1 tanque, tinas de agua. Se hace al menos 3 veces al día mantenimiento para mantener todo limpio y ordenado”, destacó el hombre que desde hace 2 años y medio encabeza las mejoras en el lugar.
¿Pero de dónde salen los fondos? Algunas familias denunciaron el cobro de “causa” semanal por parte de un grupo de detenidos, pero esto se desmintió por los privados de libertad durante la visita. “Acá se dan son colaboraciones, según lo que tenga cada quien, y el que no da vive igualito al resto. También algunas fundaciones apoyan con donaciones”.
Otros familiares también denunciaron castigos dentro del sitio. En un pasillo estaban sentado en fila más de 30 detenidos, la mirada se perdía al final, la pregunta fue clara: ¿aquí se aplican castigos? Sin titubear respondieron: No. Y cerraron entre aplausos y diciendo que estaban mejor que en una cárcel.
Penumbras
Las familias de los privados de libertad no están exentas a la crisis que se vive actualmente en el país, donde el sueldo mínimo es menor a $1. A diario deben trasladarse hasta la comisaría para llevar las tres comidas de sus parientes o en dado caso una.
Una fuente destacó que los viernes a través de una fundación gestionan realizar jornadas alimenticias. También tramitan las compras de caja CLAP para atender los casos de esos detenidos que no reciben alimentos y “acá tienen la facilidad de que pueden cocinar acá adentro”.
El tema de la salud es otro. Hay una representante de la Fundación Miguel Ángel Simón (FundaMas), la cual visita las instalaciones a diario. “Ya tengo dos años realizando estas jornadas (…) Mi papá estuvo un tiempo preso aquí y así pude conocer las carencias que habían”.
“Aquí te consigues con pacientes de tuberculosis, infecciones, los que vienen con la batería de los calabozos del Cicpc. Tramitar sus traslados a un hospital es sumamente engorroso y eso puede tardar hasta meses. Así que con insumos propios y donativos, se les va aplicando los tratamientos para sus patologías”, destacó la joven.
Destaca que “los colegas no debemos olvidar nuestro juramento, el cual se hace al momento de hacerse médico, eso va más allá. La salud no se le niega a nadie y menos a los que tienen más precariedad en acceder a ella”.
Ante la pregunta sobre lo que más le ha impactado o ha sido duro, relató “hace un tiempo atendí a un joven de 29 años con una bacteria en el pie. Nadie lo visitaba. Y yo simplemente lo adopté. Un día pregunté por él debido a que no lo había visto más, me informaron que lo trasladaron”.
Talleres
En el artículo 272 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, se establece que: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”.
Aunque el MPPSP afirma cumplir con eso, varias son las denuncias que han realizado familiares y hasta privados de libertad desmintiéndolos. En el caso del CCP Guaiparo, los entrevistados han puntualizado que la intención es “convertirlo en un centro de rehabilitación”.
Desde hace un año uno 13 internos forman parte del taller automotriz, en él trabajan: mecánica, latonería, pintura, electromecánica. “Les hacemos revisión y mantenimiento a las patrullas de las comisarias, vehículos particulares”. Sumaron que también está por iniciar el taller de carpintería, “algunos han aprendido el oficio, otros tenían conocimientos básicos”.