Organizaciones no gubernamentales y activistas intentan defender los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Venezuela en un entorno de hostilidad y dificultades. La importancia de que funcionen ONG como estas, en un país que carece de garantías constitucionales y democráticas, se demostró con la detención de 33 hombres en un local privado en Valencia a finales de julio.
Luego de intensas semanas de protestas, movilizaciones y reclamos, el caso terminó con el sobreseimiento para 30 de ellos. Pero todos, víctimas de un procedimiento injusto, ya habían quedado expuestos y sufrido vejaciones por parte de las autoridades, según sus denuncias. Aún así, no está claro si se iniciará una investigación contra los funcionarios policiales y judiciales que estuvieron involucrados o si se establecerán responsabilidades o sanciones. La exigencia, después, fue la liberación de otros 3 hombres, que finalmente quedaron bajo libertad condicional.
Lo que hicieron las ONG y los activistas LGBTIQ+ por este caso, que provocó la reacción de organizaciones internacionales, resultó en un ejemplo de unidad en la lucha por los derechos humanos, no solo en Venezuela. Así lo afirmó el activista Geo Pérez, fundador de Okay,no, una organización que funciona en el estado Zulia desde hace dos años.
La homofobia de Estado persiste
«Alzamos la voz contra las detenciones arbitrarias y la estigmatización. Esto demuestra que podemos lograr un impacto significativo en la conciencia pública y en la lucha por la justicia», afirmó el joven, que reconoció que se trata de un logro simbólico porque el problema de fondo sigue: la homofobia de Estado.
«La realidad es que esos logros no trascienden en autoritarismo. Sin duda, se demostró mucha unión, pero no es suficiente. Las actuaciones de las autoridades y su aparente falta de interés reflejan claramente el largo camino que queda por recorrer. La homofobia de Estado persiste y es fundamental que mantengamos la presión para lograr un cambio real en políticas públicas y actitudes gubernamentales», manifestó Pérez.
Los activistas pueden, a pesar de las diferencias dentro del movimiento, ponerse de acuerdo cuando ocurren hechos que vulneran los derechos de las personas que forman parte de la población sexodiversa, reconoció el abogado Jeffrey Materano, miembro del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+.
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«Queda en evidencia la política de criminalización por parte del Estado hacia los grupos que simplemente exigen el reconocimiento de derechos humanos y que nunca se trata de querer imponerse, sino de buscar igualdad, que es nuestro discurso bandera», afirmó.
En un contexto con muchos obstáculos
Quiteria Franco, coordinadora de Unión Afirmativa, destacó que el contexto en el que se están haciendo el activismo y la protesta en Venezuela es duro, con pocas características democráticas y muchos obstáculos para quienes desean defender derechos humanos.
Dijo que son varias las trabas que el régimen socialista ha interpuesto para impedir el activismo y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Señaló desde el aspecto legal para el registro de las ONG, la actualización de sus juntas directivas, la gran cantidad de requisitos para abrir cuentas bancarias y el propio funcionamiento.
Incluso, se hace «titánico» alquilar un espacio para funcionar como organización porque los propietarios temen allanamientos, persecución y ataques contra el edificio. Además, manifestó Franco, cuando son ONG que trabajan con personas LGBTIQ+ también surgen la discriminación y el rechazo a tener un espacio frecuentado por gays, lesbianas y trans.
El poco financiamiento para las organizaciones también es otro obstáculo, sobre todo cuando se hace trabajo para la sexodiversidad y las mujeres.
«Vivimos el día a día con conciencia, responsabilidad y empatía. Justamente, tomando en cuenta que no hay muchas vías ni recursos y, debido a esto, tenemos que ser lo más eficientes posible. Por esto tratamos de adecuar los recursos a las necesidades que se nos presentan», expresó Materano.
El abogado dijo que los principales motores del activismo en el país son la creatividad, el trabajo en redes y en equipo para adaptarse a los diferentes contextos y apoyar a las personas que se encuentran en cada entorno en particular.
Discriminación, rechazo y estigma
Franco afirmó que Unión Afirmativa, desde 1999, ha encontrado barreras de discriminación, rechazo y estigma que han interferido en el progreso legal y constitucional y de generación de políticas públicas en las que países vecinos ya han avanzado. «Todos sabemos que este gobierno juega al cansancio, al agotamiento, a negar acceso a la información pública y a no responder las demandas que hacemos», manifestó la activista.
«En 2010 nosotros hicimos toda una campaña para que el algoritmo del censo permitiera que las parejas del mismo sexo se censaran como familias y el Instituto Nacional de Estadísticas lo admitió, pero nos dejaron a nosotros todo el trabajo de hacer la divulgación de la información. ¿Cuál fue el resultado? Que a pesar de contar con pocos recursos, logramos que se censaran entre 4.000 y 6.000 familias conformadas por parejas del mismo sexo. ¿Qué hizo el Estado venezolano? Cuando pudo, eliminó esas cifras del censo. Oficialmente, no aparecen, ese es un ejemplo de las cosas que hace el Estado. Muchas de las agendas de derechos LGBTIQ+ nunca fueron respondidas. Ha sido una política de Estado ignorar nuestras demandas. No hacen absolutamente nada, desaparecen información, esconden documentos, no responden nuestras exigencias de información por escrito, todo lo dan de manera verbal o no responden», expuso.
Frustración, cansancio, agotamiento
Años antes, en 2003, Unión Afirmativa introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia y finalmente tuvo una respuesta en 2008, que es la sentencia 190, que aclara que está prohibida la discriminación en el país por orientación sexual, que las relaciones entre personas del mismo sexo no atentan contra el orden público y que la Constitución no prohíbe ni condena las relaciones entre personas del mismo sexo.
«Cinco años y en ese entonces fue rápido. Pero hay otras demandas, como la de Tamara Adrián, que tiene casi 20 años esperando y no se la han respondido. Entonces, es una política de Estado que no responde. Hacer activismo en un contexto tan hostil lo que produce es frustración, cansancio, agotamiento y se da lo que se dio en 2006: una migración forzada que se llevó a casi 75% de los activistas que estaban en el país», señaló Franco.
La activista cree que se está haciendo un activismo muy visible e importante en Venezuela, donde los líderes que no tienen «ningún interés» en reconocer los derechos de las personas LGBTIQ+ en el país no han cambiado desde hace más de 20 años.
«Eso requiere de un activismo en contextos hostiles y no sé si quienes hoy en día estamos en el activismo tenemos conciencia de que estamos haciendo activismo en un contexto que no es el mismo de otros países, donde los gobiernos tienen interés de cuidar a sus ciudadanos, responden y llaman a expertos, saben del tema y establecen mesas de trabajo. Eso no sucede en este país», manifestó.
Falta un largo camino
Materano cree que todavía falta un largo camino para que las instituciones garanticen los derechos de las personas LGBTIQ+. Pero, resaltó, esos escenarios les permiten ser más creativos y articularse de manera distinta, sostenible y eficiente porque —coincide con Geo Pérez— hay un sistema de justicia que, en la práctica, sigue sin responder las exigencias a pesar de que «ha abierto ciertas ventanas» para atender casos puntuales.
«Esto puede darse por muchos motivos: porque no les interesa, porque no tienen los recursos disponibles para garantizar los servicios que ofrecen o porque están limitados con respecto a qué tanto pueden hacer. Hay que reconocer que las personas que están detrás de esos servicios no siempre son las culpables, sino que son las personas que están arriba», manifestó.
«Y, al ser estas estructuras bastante rígidas, no es que puedan hacer lo que quieran al representar esas instituciones. Hay que reconocer el contexto en el que se encuentran y por el cual hacen su trabajo, que es bastante similar al nuestro, y eso genera todas estas dinámicas en las que no hay respuestas o en las que las respuestas no son las más eficientes. Pero, a pesar de todo, procuramos ser positivos de que el trabajo que hacemos aporta y siempre trataremos de atender a esas personas que de alguna u otra forma no son escuchadas ni son atendidas a nivel institucional», agregó el integrante del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+.
“No hay espacio donde no hayamos exigido”
Franco expresó que esa es una realidad que se ha demostrado con todos los intentos que se han hecho en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la calle.
«No ha habido ningún espacio donde no hayamos exigido derechos, pero quienes han estado al frente de las instituciones y del país en los últimos casi 25 años tienen una política de Estado de negación de los derechos a las personas LGBTIQ+», afirmó la coordinadora de Acción Solidaria.
Incidencia de “religiosos antiderechos”
Franco y Materano destacaron la incidencia de los grupos religiosos antiderechos, que tienen un lobby más poderoso que el movimiento sexodiverso, que acceden a más recursos y que incluso forman parte del gobierno. Este sector, afirmó el activista del observatorio, puede presentar un actor más interesante y más valioso a nivel político.
Otro elemento mencionado por Franco es la baja participación de mujeres en el activismo. «La mayoría de las organizaciones están lideradas por hombres, quienes, en general, no se ocupan de los temas que nos afectan a las mujeres», afirmó.
Así, Materano dijo que el feminismo hizo que se dieran cuenta de que no es solo una lucha que involucra a las personas LGBTIQ+, sino a personas racializadas, de distinto estrato social, con discapacidad y marginadas por distintos motivos. «Más que verlo como una competencia, tiene que verse como un trabajo en equipo que busca justamente un equilibrio a nivel de reivindicación de derechos», expresó el abogado.
«El activismo LGBTIQ+ es mucho más amplio, no solo se queda en su discurso, sino que también incorpora nuevas perspectivas dentro de sus lineamientos, busca apoyar las banderas y las luchas de otro porque, al final, todo el tema que se basa en derechos humanos está ahí, y es bastante amplio e íntimo, y vemos todo eso como un espacio donde podemos trabajar todos de la mano», agregó.