Siguiendo la columna del pasado 26 de febrero que titulé “Las consecuencias jurídicas del coronavirus” https://www.elnacional.com/opinion/las-consecuencias-juridicas-del-coronavirus/ vale la pena examinar cómo viene evolucionando la situación. En comparación a hace 3 semanas cuando el mundo occidental no le estaba prestando particular atención al covid-19, vemos hoy un gran cambio de actitud, no solo porque el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia, sino también porque el epicentro ya no es China sino Europa. Para el momento en que escribo esta columna se han confirmado casi 81.000 casos en China (lo que evidencia que la curva de contagios finalmente tiende a la baja), 17.660 en Italia, 11.364 en Irán, 8.086 en Korea del Sur y 5.232 en España, para hablar solo del top 5. El número de fallecidos se estabiliza en China con un poco más de 3.000 personas, mientras que en Italia se observa un número que comparativamente luce mucho peor con 1.266 decesos en tan solo un mes, continúan Irán con 514 y España con 133, total de fallecidos al momento a nivel mundial 5.429 (1).
En los meses de enero y febrero fue posible observar en el mundo occidental una actitud arrogante y poco solidaria frente a lo que se estaba suscitando en Asia, los especialistas, en su mayoría médicos, virólogos y peritos conexos, sostenían al unísono que el coronavirus es una vulgar gripe y que hay otros virus más peligrosos. Esa fue la postura hasta que el covid-19 estalló en el mediterráneo, ahora se aprecia en países como Italia y España un completo caos, los gobiernos que hasta hace 3 semanas se reían -literalmente- del covid-19, ahora han declarado emergencia nacional. Con sistemas sanitarios cerca del colapso, con actividades económicas paralizadas casi por completo y con una absoluta incertidumbre no solo en lo que a la salud se refiere, sino también a las consecuencias económicas de un continente que como sabemos se desenvuelve siempre al borde de la crisis financiera, la seriedad con la que se debe abordar el covid-19 es sinceramente una gran interrogante.
Ya sabemos que la tasa de letalidad es de alrededor 2% (aunque en personas de la tercera edad supera el 10% y en Europa es un detalle a tener en cuenta ya que 1 de cada 5 europeos es mayor de 65 años), pero eso no es el único factor para considerar en materia de políticas públicas sanitarias. El pasado 12 de marzo el director general de la OMS en ocasión a la declaratoria de pandemia, expuso lo siguiente:
“Hemos realizado esta evaluación principalmente por dos razones: en primer lugar, por la velocidad y la escala de la transmisión. Se han notificado ya casi 125-000 casos a la OMS, en 118 países y territorios. A lo largo de las dos últimas semanas, el número de casos notificados fuera de China se ha multiplicado casi por 13 y el número de países afectados casi se ha triplicado.
La segunda razón es que, a pesar de nuestras frecuentes advertencias, estamos profundamente preocupados por el hecho de que algunos países no están abordando esta amenaza con el nivel de compromiso político necesario para controlarla” (2).
El director claramente subraya como aspecto a considerar “la velocidad y escala de la transmisión” y la preocupación por la inacción de algunos países. No es solo un tema de letalidad sino de transmisión, si tienes un número extremadamente elevado de contagios de forma simultánea ello puede generar un colapso del sistema de salud, que en Europa para rematar es gratuito, casi nadie emplea la salud privada, acuden a centros públicos de salud y obtienen medicinas subsidiadas para sus tratamientos. Agreguen el promedio de población de riesgo que tiene Europa y el costo adicional de los exámenes para detectar el covid-19, resultado: colapso económico.
A finales de enero de este año los empleados del Aeropuerto de Barajas (Madrid) denunciaron en el noticiero de Antena 3, que las autoridades no les permitían usar mascarillas porque no querían ocasionar alarma. No fue sino hasta el 29 de enero que Iberia suspendió sus vuelos a China, a pesar de que ese país ya llevaba 3 semanas en emergencia.
El Artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE dispone que las personas tienen derecho a la “prevención sanitaria” añadiendo que la Unión garantizará un alto nivel de protección de la salud humana. No me convence que se haya aplicado a cabalidad esa norma ya que las medidas han sido más reactivas que preventivas, pero allí volvemos a la opinión de peritos en la materia que siguen sosteniendo que las medidas contra el covid-19 son injustificadas y alarmistas (3). Sin embargo, el director de la OMS sostuvo que “La idea de que los países deben pasar de la contención a la mitigación es errónea y peligrosa (…) Los países que decidan renunciar a medidas fundamentales de salud pública pueden acabar enfrentándose a un problema mayor y a una carga más pesada para el sistema de salud…”.
Casi de forma simultánea vemos la curiosa declaración del Chief Scientific Adviser de Inglaterra que propone permitir que 60% de la población se contagie para lograr una inmunidad al virus (4). Las críticas a ese asesor no faltaron, basta con mencionar que 60% de la población de UK representa 40 millones de personas, si 2% muere (tasa de letalidad) sumarían 800.000 muertes. Vemos muchos especialistas hablando con desprecio de la letalidad del covid-19, ciertamente porque asumen que no les tocará a ellos o a sus familiares. Que una persona sea anciana o tenga alguna condición respiratoria que suponga riesgo, no lo hace ajeno al derecho a la salud y la prevención que el Estado y gremio médico están obligados a aplicar.
La divergencia de opiniones lleva a preguntarse ¿quién dice la verdad? y ¿cómo debe actuar el Estado? la respuesta puede ser importante, porque si nos encontramos en un escenario de imprudencia, negligencia o impericia o bien de incumplimiento de obligaciones prestablecidas (como la de los textos fundamentales), sería posible sostener la responsabilidad del Estado por no haber tomado las medidas respectivas (o haberlas tomado tardíamente) en materia sanitaria.
Pero no es el único enfoque, si en efecto el criterio de ciertos peritos es correcto, que las medidas frente al covid-19 son absurdas e innecesarias, el hecho que el Estado haya impuesto la paralización de las actividades económicas y suspensión de eventos ocasionará también consecuencias económicas en los agentes de esas actividades y sus involucrados. Si las medidas implementadas son injustificadas entonces se abre un escenario en el que los afectados pudieran plantearse una acción indemnizatoria contra el Estado.
Quizás tengamos respuestas a algunas de estas interrogantes en las próximas semanas, pero de momento lo más razonable es la prudencia.
(1) Fuente: www.gisanddata.maps.arcgis.com
(3) Vean https://www.clarin.com/buena-vida/coronavirus-panico-injustificado-dice-virologo-argentino-francia_0_yVcmJ4RM.html última vez visitado el 14 de marzo de 2020
(4) https://www.express.co.uk/news/uk/1254662/Coronavirus-UK-COVID-19-warning-Patrick-Vallance-immunity-Boris-Johnson-latest última vez visitado 14 de marzo de 2020