El 24 de febrero pasado, en esta misma columna hicimos conocer que a partir de esa fecha pasábamos a militar como “opositores de la oposición”. Expresamos allí nuestra disconformidad con la insólita decisión de una mayoría de la Asamblea Nacional (2015) de eliminar la Presidencia Interina ejercida por Juan Guaidó, dando por finiquitado el cuerpo diplomático reconocido por 60 países y estableciendo una forma de gobierno harto confusa donde la misma Asamblea es Poder Legislativo y también Ejecutivo (https://www.elnacional.com/opinion/pasamos-a-ser-opositores-de-la-oposicion)
Desde bastante temprano en la gestión de esa Asamblea (2015) se detectaron irregularidades del mismo tipo de aquellas que se había prometido erradicar: cuentas poco claras, diputados gastando en francachelas el dinero recaudado en el megaconcierto de Cúcuta de febrero de 2019, el intento de politizar el manejo de Monómeros, le destitución del embajador Calderón Berti, quien denunció ese guiso y varias cosas más que sugerían un manejo menos transparente que el prometido y esperado por el público.
Entretanto, desde los círculos oficialistas se cuestionaba la disposición de fondos que habían quedado a disposición del Gobierno Interino en distintas cuentas que en definitiva fueron las que permitieron el funcionamiento de la Asamblea y gastos conexos del interinato.
A medida que pasaron los meses y se fueron filtrando cosas no muy claras, la buena disposición y credibilidad fue objeto de algunos cuestionamientos que dieron como consecuencia la necesidad de rendir cuentas al menos generales.
Así se hizo hace pocas semanas cuando Alejandro Plaz, competente y honorable Ejecutivo venezolano a cargo de los desembolsos, presentó unas cifras de las que resulta que para 2020 la Asamblea (2015) aprobó un presupuesto de $80M, de los cuales la OFAC (Oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que custodia esos fondos) autorizó $61,6M. En 2021 la Asamblea presupuestó y aprobó $152,4M, siendo que la OFAC solo autorizó el desembolso de $72M. Por fin en 2022 la Asamblea (2015) aprobó un presupuesto de $56,6M, de los que la OFAC autorizó $54,8M.
Es ahora cuando la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico en Gaceta Legislativa informa que ha acordado autorizar un crédito adicional para el ejercicio 2023 del Fondo de Liberación por un monto de $49.387.866,43 dividido en tan solo tres renglones, al cual dedicamos el comentario de hoy en uso del derecho que quien esto escribe, igual que cualquier otro ciudadano, tiene de conocer el destino de los dineros públicos, tanto más cuanto desde el lado del oficialismo estamos presenciando el destape del mayor esquema de corrupción y saqueo de la historia de la humanidad.
Sin pretender erigirnos en eruditos analistas presupuestarios, observamos un renglón inicial de $35.233.861 para el rubro “Defensa de la Democracia”. No dudamos de la necesidad de defender la democracia, pero nos gustaría que se nos aclare y desglosen las partidas que integran esa elevada cifra. No quisiéramos pensar que ella sea una alcancía en la que los señores del G3 & Co. paguen viajes y viáticos cuya necesidad y justificación no sea conocida.
En segundo lugar encontramos una partida por $7.144.055 destinada a la Asamblea Nacional. Entendemos que los legisladores deben percibir alguna discreta retribución por su tiempo, esfuerzo y desplazamientos, además de los gastos de funcionamiento de la Asamblea. El desglose serviría también para que la ciudadanía esté enterada y se despejen las leyendas que sobre el particular circulan.
El tercer gran rubro es el Consejo de Administración y Protección de Activos que se anota con un presupuesto de $7.009.950. Allí, sin duda, es donde se bate el cobre y donde se requieren recursos previsibles y también imprevisibles para lograr el objetivo de proteger esos activos. Sin embargo, en el único desglose que ofrece esta partida se prevén para el Consejo $3.393.800 y para la protección de los activos, que es el centro de la preocupación, tan solo $2.270.000.
Seguimos con Pdvsa, para la que se reservan $265.800 entendiendo que es en esa trinchera donde se pelean y defienden los únicos activos productivos y bien administrados que son justamente los de Citgo, que en 2022 ha generado extraordinarias ganancias que la alejan un poco de ser deglutida por los acreedores.
Sigue la partida de $646.800 para “Representaciones Diplomáticas”. Este columnista no logra comprender cómo se pueden presupuestar recursos para ese concepto siendo que a partir del 3 de enero no existen más representaciones diplomáticas del interinato. Tal vez una explicación fuera del caso.
Termina la lista con $433.550 para el Banco Central cuyo desglose serviría también para alejar los fantasmas de la sospecha.
Además de todo lo anterior, este columnista pregunta -sin presuponer nada- ¿con qué recursos se mantiene la residencia de Julio Borges y familia en Valencia, España? ¿Con qué recursos se afrontan los gastos de vida en Madrid de Leopoldo López y sus viajes a diferentes eventos, útiles sí pero seguramente no gratuitos? ¿Quién paga los gastos de Blyde & Co. cuando viajan a México y los de las nutridas delegaciones que con harta frecuencia viajan a Washington? En fin… nos parece que como ciudadanos de a pie y dolientes de nuestro tan golpeado Tesoro Nacional, no estaría de más que la señora Figuera (de indiscutida respetabilidad) en su condición de cabeza visible del nuevo esquema de gobierno opositor y los demás responsables de los reales nos ofrecieran algunas explicaciones.
Usted, amigo lector, ¿cree que este reclamo es razonable?
@apsalgueiro1