El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios instó al gobierno de Argentina a derogar un decreto de 2017 que endureció la política migratoria local, informó este viernes la Comisión Argentina para Refugiados.
El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios está adscrito a la Organización de las Naciones Unidas.
El mecanismo de la ONU está integrado por 14 especialistas internacionales. El juicio se enmarca en un informe sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en el país suramericano.
El Comité exhortó a Argentina a que «adopte medidas inmediatas para derogar» el decreto que en 2017 dispuso endurecer la política migratoria.
Dicho decreto establece cerrar las puertas a personas con antecedentes penales, así como agilizar los procesos de deportación.
El gobierno de Macri lo había justificado en estadísticas de criminalidad que, según las autoridades, mostraban un alto porcentaje de inmigrantes involucrados en hechos delictivos.
El Comité consideró que el decreto es contrario a la Convención Internacional ratificada en 2007 por Argentina, informa un comunicado del CAREF y el Centro de Estudios Legales y Sociales.
El decreto de Macri se declaró inconstitucional y nulo por un fallo judicial de segunda instancia y se encuentra en estudio por la Corte Suprema.
Argentina debe garantizar la unidad familiar
A Argentina se le exigió que revise todos los casos de expulsiones que se hayan concretado desde la emisión del decreto y los que están pendientes de resolución, con la finalidad de «garantizar la unidad familiar».
María Landázuri, relatora para Argentina del Comité, evocó el caso de una mujer peruana, madre de tres niños argentinos, de 14, 5 y 2 años de edad, que deportaron en febrero pasado debido a sus antecedentes penales. La ciudadana fue separada de sus hijos. Luego de la difusión mediática del caso, el 2 de septiembre se autorizó a reingresar al país.
A la mujer la detuvieron en 2011 como ‘mula’ de una banda de narcotraficantes y cumplió una condena de cuatro años de cárcel.
El Comité «mostró preocupación por las situaciones de violencia y acoso por parte de la policía. Sus víctimas son vendedores ambulantes de Senegal y Haití, el colectivo LGBTIQ y trabajadores de la industria textil», indica el comunicado de CAREF.