El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este miércoles que inició la segunda fase de la «guerra» que les declaró desde inicios de año a las bandas del crimen organizado, con la emisión de un nuevo estado de excepción que abarca 7 de las 24 provincias del país, así como un municipio de una octava provincia.
A través de un decreto, Noboa declaró el estado de excepción por 60 días en las provincias costeras de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos, así como en las amazónicas Sucumbíos y Orellana, lo mismo que en el cantón (municipio) de Camilo Ponce Enríquez, en la sureña provincia andina de Azuay, donde recientemente fue asesinado el alcalde.
Hoy inicia la FASE 2 de nuestra lucha contra el terrorismo en territorio nacional. pic.twitter.com/XD2oJaJwLV
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) May 22, 2024
Este estado de excepción sustituye a uno anterior que había sido aplicado el 30 de abril en cinco provincias (Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos) y que el 10 de mayo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, al considerar que la medida no estaba debidamente fudamentada.
«Hoy nos encontramos en la segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en siete provincias», aseguró Noboa en un mensaje en video publicado en redes sociales para anunciar el nuevo estado de excepción.
El jefe de Estado destacó que «son las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía tengan libertad de acción».
«Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio, sepan que lo van a perder», añadió.
Vía libre para entrar a viviendas
El nuevo estado de excepción conlleva en los territorios indicados la suspensión de los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Asimismo, ordena a la autoridad nacional de Derechos Humanos reportar aspectos relacionados con ataques armados o amenazas procedentes de las bandas criminales.
En el decreto no se dispone la movilización de las Fuerzas Armadas para dar apoyo a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, pues esta medida ya es de carácter permanente, sin necesidad de estados de excepción, después de ser aprobada en el referéndum del 21 de abril, a petición de Noboa.
En ese plebiscito el mandatario recibió un amplio respaldo a una serie de nueve reformas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pero vio rechazadas dos reformas en materia económica para legalizar los contratos laborales por horas y permitir abitrajes internacionales con inversionistas en cualquier jurisdicción.
«Guerra» contra las mafias
Desde inicio de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Al mismo tiempo emitió un estado de excepción a escala nacional que estuvo en vigor desde el 8 de enero hasta el 7 de abril, y mediante el cual pasó a militarizar las cárceles, uno de los epicentros de la crisis de violencia en el país al encontrarse muchas prisiones dominadas por bandas criminales.
A las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar entre los primeros países de Latinoamérica con más homicidios, con tasa de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Este miércoles la organización internacional Human Rights Watch (HRW) envió una carta a Noboa para expresarle que sus evaluaciones sobre ese primer estado de excepción determinaron que la declaración de «conflicto armado interno» no está suficientemente motivada y que esa medida contribuyó a serias violaciones de los derechos humanos.