La organización Human Rights Watch (HRW) envió este miércoles una carta al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para advertir que su decisión de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado internacional carece de sustento y ha contribuido a serias violaciones de derechos humanos por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
«Las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos», señaló la organización internacional defensora de derechos humanos tras haber entrevistado a una docena de víctimas de abusos, solicitar informaciones a instituciones del Estado, analizar 33 fotografías y vídeos y revisar expedientes de casos judiciales.
Human Rights Watch aseveró que la decisión de Noboa de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno, con la que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas, carece de sustento legal y «podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos».
«Según el derecho internacional, la existencia de un conflicto armado depende de un análisis objetivo de criterios sobre el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de las hostilidades», explicó HRW, para quien el gobierno de Noboa «no ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con los grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional».
La declaración del conflicto armado interno en Ecuador fue acompañada de un estado de excepción mediante el que Noboa militarizó las cárceles, uno de los epicentros de la crisis de violencia del país, al estar muchas de ellas controladas por las bandas criminales, y también permitió que las Fuerzas Armadas patrullen y participen junto a la Policía en operaciones contra la delincuencia organizada en las calles.
El estado de excepción estuvo vigente desde el 8 de enero hasta el 7 de abril, y se saldó con una veintena de supuestos delincuentes abatidos e identificados por las autoridades como terroristas, así como más de 18.400 detenciones.
Posible ejecución extrajudicial
En un caso documentado por Human Rights Watch, los soldados mataron el 2 de febrero en Guayaquil a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco, a quienes las Fuerzas Armadas acusaron de haber supuestamente intentado evadir el control, embistiendo a personal militar y los calificó de terroristas.
Las entrevistas de Human Rights Watch con testigos, familiares y abogados de las víctimas, junto con videos y fotografías que fueron verificados, y documentos judiciales, contradicen la versión del Ejército.
Muchas de las personas reportadas como detenidas no fueron llevadas ante la Fiscalía y parecen haber sido detenidas durante breves periodos al margen del proceso legal y, según los videos y fotografías publicados en Internet y verificados por Human Rights Watch, sometidas a reprimendas, palizas y otros tratos degradantes.
Casos de tortura en prisión
HRW también denunció que «los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica».
«Los soldados parecen ser responsables de múltiples casos de malos tratos y de algunos casos de tortura en prisión», agregó la organización.
Human Rights lamentó que «las autoridades parecen haber tomado pocas medidas para prevenir violaciones de los derechos humanos o garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones».
Noboa llamó ‘antipatria’ a denunciantes
Asimismo, Noboa acusó de antipatria a las organizaciones e instituciones que denunciaron violaciones de derechos humanos en las cárceles militarizadas y prometió respaldo absoluto a la Policía y Fuerzas Armadas.
“El gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los derechos humanos», señaló la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
Los homicidios en Ecuador aumentaron 574,30% entre 2019 y 2023, lo que elevó la tasa de homicidios de poco más de 7 a más de 47 por cada 100.000 habitantes, según cifras del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.
Y si bien los homicidios se redujeron en torno a 27% bajo el estado de excepción, «las extorsiones y los secuestros han aumentado, y los recientes asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión demuestran que la situación sigue siendo grave», concluyó HRW.