Jessica viajó en micro casi 5.000 kilómetros, huyendo de un país en donde -a pesar de tener estudios universitarios -no podía comprar suficiente comida ni ponerle vacunas a su hijo. Llegó a Argentina y empezó a trabajar en un restaurante. Ocho meses después apareció una pandemia.
El local despidió a la mayoría de los mesoneros, incluso a ella. No tiene ahorros. Es nueva en el barrio, aún no tiene amigos cercanos en los que pueda apoyarse. Aunque posee residencia temporaria, tiene que esperar a tener dos años con DNI para acceder a las ayudas del Estado. Con las fronteras cerradas en casi todos los países, tampoco puede salir de Argentina.
Todos sabemos que las consecuencias económicas del coronavirus son dramáticas. En Argentina los indicadores económicos apuntan a una fuerte contracción económica y a un incremento de la pobreza. Pero, como todas las crisis, esta no afecta a todos por igual. Muchos de los recientes inmigrantes a Argentina se están llevando lo peor de la crisis, incluyendo los cientos de miles de venezolanos que han venido escapando de otra crisis no menos grave.
Los mismos factores que deprimen económicamente a todas las personas cobran dimensiones drásticas para los recientes migrantes. Primero, disminuyendo sus ingresos. El freno a la actividad económica que ha requerido el distanciamiento social afecta de forma desproporcionada a algunos sectores económicos como los restaurantes, hoteles y comercio al detal que operan de manera presencial. En efecto, los primeros dos de estos sectores, que emplean a más de 500.000 personas y que se han declarado en emergencia, tienen el agravante de tener tasas de informalidad elevadas. Como podemos intuir por el acento de los mesoneros que nos pueden haber servido en los últimos meses, miles de venezolanos trabajan en estos sectores. De hecho, una encuesta de Adecco de 2019 determinó que 60,5% de los venezolanos migrantes que declararon tener empleo, lo tenían en los tres sectores mencionados.
Pero, además, los mecanismos que impiden que las personas caigan en la pobreza funcionan peor en el caso de los recientes migrantes. En primer lugar, porque no tienen muchos ahorros para soportar una sequía económica, luego de que tuvieron que invertir lo que tenían en venir a Argentina y establecerse. Segundo, porque no cuentan con redes familiares o de amistad amplias sobre las cuales apoyarse en momentos de crisis como el que vivimos.
Finalmente, porque las políticas del Estado, creadas para aliviar los efectos de la crisis sobre sus ciudadanos, como el Ingreso Familiar de Emergencia y el bono para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, excluyen a la mayoría de los recientes migrantes al requerir que el solicitante sea argentino o que tenga al menos dos años de residencia legal.
La combinación de todos estos factores hace a los migrantes recientes, incluidos los más de 100.000 venezolanos que han llegado al país en los últimos 24 meses, particularmente vulnerables. Tanto, que pensamos que el problema es una potencial bomba de tiempo. Una bomba humanitaria para ellos, que no tienen dónde acudir. Pero también una bomba para la sociedad, una vez que se enfrenten al dilema de salir y violar la cuarentena para tratar de ganarse la vida o morir de hambre en la casa.
Nuestro llamado es a que se flexibilicen las condiciones para acceder a las ayudas del Estado para incluir a los residentes legales -que cuentan con DNI temporario-, pero que tienen menos de dos años de residencia legal, lo que abarca una buena proporción de los migrantes recientes. No sería una medida inaudita: Portugal, por ejemplo, otorgó a los inmigrantes y solicitantes de asilo derechos de ciudadanía plenos (aunque temporales, mientras exista la pandemia) con el objetivo de brindarles acceso a seguridad social y atención médica a todos los que viven en su territorio.
Finalmente, pensamos que es legítimo preguntarse por qué el Estado debe atender a los migrantes, cuando los recursos no alcanzan para los mismos argentinos. Adelantamos dos razones. Primero, porque es del interés de todos: que un grupo quede con hambre, obligado a violar la cuarentena, expuesto al virus, afecta a toda la sociedad por la naturaleza de la transmisión. El virus no distingue a los migrantes. Segundo, por razones humanitarias. Hacerlo va en línea con los valores y la historia de Argentina como país de migrantes y solidario con la región.
Jessica y su hijo serán argentinos en poco tiempo, agradecen la apertura y no olvidarán. Y el médico que los atenderá si se contagian puede ser uno de los cientos de profesionales de la salud colombianos, venezolanos, sirios y bolivianos que arriesgan su vida cumpliendo su vocación en Argentina, su nueva patria.