En una rueda de prensa convocada el pasado jueves, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que los abonados telefónicos de dos extrabajadoras de la saliente jefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia, habían sido interceptados ilegalmente.
La noticia se sumó al capítulo que lleva la funcionaria con su exniñera, Marelbys Meza, tras el robo de cerca de 4.000 dólares del bolso de Sarabia, del cual señalan supuestamente a Meza, quien denunció públicamente que tras esa sospecha fue llevada a una prueba de polígrafo a un sótano del Palacio de Nariño, en donde se sintió secuestrada.
Así las cosas, son tres frentes los que hacen parte de este caso: el robo, la prueba del polígrafo y las chuzadas, que se hicieron en enero pasado con una orden falsa de Policía Judicial. En el primer frente -el del robo-, la denuncia fue radicada por Sarabia en enero 29, y ampliada hace pocos días, previo a que salieran las declaraciones de su exniñera en la Revista Semana, y tiene a cargo a una fiscal enfocada en investigar delitos económicos, como lo aclaró Barbosa en rueda de prensa.
El capítulo más reciente es el de las interceptaciones a Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes trabajaron durante un tiempo en la casa de Sarabia. A ambas se les escuchó de forma ilegal en sus abonados telefónicos incluyéndolas dentro de una investigación que se seguía en Chocó a alias ‘Siopas’, entonces cabecilla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocidas como ‘clan del Golfo’.
Esa interceptación fue realizada por miembros de la Dijín de la Policía durante 10 días, por lo que ya llamó a interrogatorio a 3 patrulleros y un intendente que operaban en Chocó para la época de los hechos, pues serían quienes estaban al tanto de la investigación y detrás de la interceptación, para lo cual un fiscal que recién llegaba al cargo habría sido engañado con tal de obtener la orden para chuzarlas desde una sala de escucha.
Para que sus perfiles parecieran como integrantes del grupo armado ilegal y así poderlas interceptar, se habría asociado a Marelbys Meza como alias La Cocinera, quien prestaba varias labores a ‘Siopas’ en el Pacífico colombiano; y a Fabiola Perea como alias La Madrina, cuando en realidad fue una persona que trabajó en casa de Laura Sarabia, en Bogotá.
Asimismo, el fiscal general anunció que no solamente van a citarse interrogatorios en el ente acusador en este escándalo que llevó a la salida del gobierno de Sarabia y del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sino que también van a citarse a estas dos personas para que aclaren qué fue lo que pasó, y si están detrás de las chuzadas y el polígrafo.
Además, Barbosa y su vicefiscal, Martha Mancera, no descartaron la posibilidad de en las próximas semanas llamar a personas involucradas a imputación de cargos por -según conoció EL TIEMPO– violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, los cuales harían que se emita una orden de captura contra policías.
En el lado disciplinario, este viernes durante todo el día estuvieron agentes de la Procuraduría General de la Nación en la sede de la Dijín, en Bogotá, realizando una inspección luego de que se asumió este caso, por el cual ya se abrió una indagación contra Laura Sarabia.
Por el otro lado, en el capítulo del polígrafo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del ente acusador fueron al Edificio Galán, aledaño a Palacio, a una inspección judicial para recaudar indicios sobre cómo fue que le hicieron la prueba a Meza, quien según el gobierno nacional accedió voluntariamente a dicho procedimiento, aunque ella dice que se sintió secuestrada en ese momento.
Las chuzadas fueron rechazadas por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y por el propio Petro, quien dijo que su gobierno no está para interceptar ilegamente a la gente, por lo cual anunció que las puertas del Palacio están abiertas para cualquier investigación. “Aquí no puede quedar ni mancha ni duda de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron”, dijo Petro.
El fiscal general se refirió a este capítulo como la «nueva parajusticia», diciendo que es una burla para la Judicatura que vuelvan a presentar estos hechos como pasó cuando existían el F2 y el DAS, del cual precisamente fue víctima el hoy jefe de Estado.
Tras conocerse de la situación, la jefa de gabinete y el embajador de Colombia en Venezuela salieron del gobierno, decisión que fue confirmada por el presidente el viernes durante una ceremonia de ascensos.
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