Siete civiles, entre ellos varios venezolanos, se encuentran en poder de guerrilleros disidentes del acuerdo de paz firmado en 2016 en Colombia, informaron autoridades este lunes.
Los secuestrados son pobladores del municipio de El Tarra, en la frontera noreste con Venezuela.
«Unos tienen actividades comerciales, otros son población venezolana que se dedica a labores del campo. Son personas conocidas», relató el alcalde Yair Díaz a W Radio.
La autoridad no precisó la fecha y circunstancias de su retención. De momento tampoco hay un reporte del número exacto de migrantes en cautiverio.
«Hacemos responsable al sujeto Lenín Quintero Moyano, alias Pedro, uno de los comandantes de los disidentes que hace presencia en la zona», denunció el coronel Carlos Martínez, comandante de policía del departamento Norte de Santander, donde está El Tarra.
La región concentra la mayor cantidad de narcocultivos del mundo.
Advertencia a los migrantes venezolanos
Un video en redes sociales, que fue tomado como prueba de vida por autoridades de derechos humanos, muestra a los rehenes en medio de un bosque con dos uniformados vigilándolos de cerca con armas largas.
Una segunda secuencia muestra a alias Pedro junto a uno de los guerrilleros disidentes lanzando una advertencia a los migrantes venezolanos que llegaron huyendo de la prolongada crisis de Venezuela.
«Bienvenidos todos aquellos que vengan a trabajar y a hacer las cosas bien pero también sabemos que en la región hay personal que vende droga, consumidores, ladrones, violadores extorsionistas. Ayúdenos a identificarlos para expulsarlos o corregirlos», dice el comandante cuyo uniforme camuflado lleva emblemas de las extintas FARC.
A comienzos de octubre dos adolescentes venezolanos fueron asesinados luego de haber sido señalados de robar un almacén en el vecino municipio de Tibú, según quedó grabado en un video.
Rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida del país y bandas de origen paramilitar se disputan con los disidentes las rentas del narcotráfico y el contrabando en esta región de Colombia.
Según el alcalde, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y la Iglesia católica están organizando «una comisión humanitaria» para gestionar la liberación de los secuestrados.
«Es la alternativa más viable (…) para no poner en riesgo la integridad de estos ciudadanos, ya que un rescate sería potenciar los riesgos», explicó Díaz.