Canciller de Maduro Tren de Aragua
Canciller de Venezuela, Yván Gil | Foto: Archivo

Yván Gil, canciller de Venezuela, aseguró este lunes que el gobierno destinará «los recursos que sean necesarios» para que termine con éxito el proceso de paz entre el Ejecutivo colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyo cuarto ciclo de diálogos terminó hoy en Caracas.

«El gobierno bolivariano está comprometido a acoger las reuniones que hagan falta y a disponer de los recursos que sean necesarios para que esta negociación pueda concluir exitosamente, como así lo auguramos, en el más breve plazo posible», dijo el funcionario, que participó en el acto de cierre de la cuarta ronda de conversaciones.

A su juicio, este proceso de paz se enfrenta «a diversas amenazas, escollos, dificultades y retos, algo propio de lo que es una negociación entre dos partes en conflicto».

Sin embargo, cree que tanto el gobierno de Gustavo Petro como el grupo guerrillero «van avanzando en cada uno de los ciclos de la negociación y la idea es que avancen cada vez más rápido», señaló, sin dejar de ratificar que Venezuela apoyará este diálogo «el tiempo que haga falta».

Cuarta ronda de diálogo

El titular de Relaciones Exteriores ve como otra amenaza o desafío a los agentes externos que, sin nombrar alguno, les acusó de «colocar escollos a la paz por intereses que son totalmente ajenos al interés de cada uno de los países».

Por encima de todo, concluyó, Venezuela, como garante del proceso, está complacida de «haber constatado el compromiso que han demostrado» las partes «por alcanzar definitivamente un acuerdo de paz lo más pronto posible».

Al cierre de la cuarta ronda de diálogos, que comenzó el 14 de agosto, la mesa anunció que producirán acciones humanitarias, sin especificar cuáles, “que impulsen el cese el fuego bilateral, nacional y temporal, promuevan la participación de las comunidades, pueblos y demás fuerzas sociales, económicas y políticas en estos territorios».

Asimismo, se comprometió a trabajar en un plan de atención para las personas consideradas presos políticos en el país andino y para integrantes de la guerrilla que están detenidos en calabozos o penales.


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