El eurodiputado Esteban González Pons exhortó al alto representante para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, a fijar posición sobre las consecuencias de la visita de Delcy Rodríguez a Madrid.
González Pons presentó un escrito en la Eurocámara en el que le pregunta a Borrell: «¿Esta estancia supone un incumplimiento flagrante de la citada Decisiónes (PESC) 2018/901 por parte del gobierno de España?».
Ante ello, el también vicepresidente del Grupo Popular Europeo dijo que las repercusiones deben encausarse a que este tipo de acciones no se repitan.
«El cinismo de los socialistas españoles llega a Bruselas», escribió en Twitter.
Presento pregunta a @JosepBorrellF responsable de exteriores de la UE sobre las consecuencias que tiene para España la entrevista del gobierno Sánchez con Delcy Rodriguez, que tiene prohibido pisar Europa por torturadora. El cinismo de los socialistas españoles llega a Bruselas. pic.twitter.com/IVq91pQpBL
— González Pons (@gonzalezpons) January 24, 2020
La número dos del chavismo se habría reunido con el ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, en el aeropuerto de la capital de España, de acuerdo con un reportaje de Voz Populi.
Sin embargo, el titular de la cartera española admitió que sí acudió al aeropuerto de Barajas. Pero solo a recibir al ministro de Turismo del régimen, Félix Plasencia.
Ábalos dijo que no mantuvo ningún contacto con Delcy Rodríguez, quien se encontraba en la misma aeronave.
El Partido Popular, Ciudadanos y Vox revelaron este miércoles que pedirán la comparecencia del titular de la cartera española en el Congreso de los Diputados para conocer la situación.
Sancionada desde 2018
La vicepresidenta del régimen de Maduro encabezó la lista hecha pública el 25 de junio de 2018 de los 11 sancionados por la Unión Europea. Esta incluye a pesos pesados del chavismo, militares y rectoras del Consejo Nacional Electoral.
A todos se les congelaron los bienes y las cuentas que tuvieran en todos los países miembros. Además se les prohibió el ingreso en el continente y la posibilidad de hacer negocios.
Delitos electorales, violación de derechos humanos y, en definitiva, haber socavado el Estado de Derecho son las principales acusaciones contra los 11 dirigentes en ese momento.