Países aliados de Israel, como Alemania, Australia, Hungría o la República Checa, ponen en duda la categoría de Palestina como Estado ante la Corte Penal Internacional. Además, exigen la paralización de una investigación por crímenes de guerra.
Todo se remonta al 20 de diciembre de 2019, cuando la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, hizo un anuncio que llevaba años esperándose en los círculos del Derecho Penal internacional.
«Hay una base razonable para proceder con la investigación sobre la situación en Palestina». Así dijo la gambiana en una declaración oficial.
La jurista provocó el rechazo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien calificó la decisión de sesgada e indignante.
Su país no es firmante del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, por lo que el tribunal no podrá en ningún caso investigar delitos cometidos en su territorio.
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Palestina, gracias a su condición de Estado observador de la ONU, ratificó el Estatuto de Roma hace cinco años.
En ese sentido, ha pedido reiteradamente la intervención del tribunal. La declaración de Bensouda era el ingrediente que faltaba para comenzar la investigación, pero el anuncio incluía una letra pequeña.
La fiscal dijo que la delimitación territorial de Palestina plantea cuestiones jurídicas y fácticas únicas que son muy controvertidas. Por tal razón, pidió a los jueces confirmar que las pesquisas podrían llevarse a cabo en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y en la Franja de Gaza.
«No vamos a comenzar nada hasta que los magistrados se pronuncien», avisó una fuente de la Fiscalía a EFE.
Desde la oficina de Bensouda se defiende que este paso dará seguridad jurídica a los eventuales juicios que se celebren en La Haya.
Casi dos meses después, la cuestión va para largo. Los jueces aún no se han pronunciado y en su lugar han abierto la puerta a que la comunidad internacional dé su opinión al respecto.
Diversas ONG, diplomáticos, asociaciones de abogados y Estados Parte del tribunal han respondido a la llamada y solicitado formar parte del proceso legal.
Israel no lo hizo, pues no acepta la legitimidad del tribunal, pero sí aliados como Alemania, Australia, Austria, Brasil, Hungría y República Checa. Los documentos ya entregados por estos países en La Haya sugieren que todos ellos defenderán la no intervención de los investigadores en Palestina.
Thijs Bouwknegt, especialista en Derecho Internacional, calificó esta movilización diplomática de sorprendente. En declaraciones a EFE lo explicó por la presión de ciertos Estados que son hostiles a la intervención de la CPI en sus asuntos nacionales.
Alemania, uno de los grandes donantes de la CPI, está en contra de la intervención del tribunal.
Argumenta que Palestina no forma parte de los países reconocidos en su Boletín Oficial del Estado. Además, asegura que la investigación sería inadecuada para promover la solución negociada de los dos Estados promovida por la ONU.
Australia y Austria dicen que no reconocerán la existencia del Estado palestino hasta que se logre una solución negociada al conflicto y piden la paralización de las pesquisas.
Hungría y la República Checa, por su parte, ponen en duda que Palestina cumpla todos los elementos constitutivos de un Estado, por lo que también rechazan la investigación.
Brasil añade que el conflicto necesita abordarse a través del diálogo político entre las partes, y no por medio de un proceso penal internacional que sería perjudicial tanto para la justicia como para la paz.
Por el otro lado de la moneda, varias ONG y asociaciones de abogados han fijado posición a favor de la investigación a través de otros documentos enviados a La Haya. También la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica.
Esas instancias defienden que el territorio que comprende Palestina es una cuestión ya resuelta por e Derecho Internacional e incluye Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza.
La CPI debe ahora determinar cuáles de estos escritos se admiten a trámite y si se solicita a las partes que los defiendan en audiencia orales.
«Si los magistrados permiten más de las 40 solicitudes, se podría retrasar una vez más el camino de las investigaciones penales, los cargos, los juicios y, por tanto, de la Justicia», se lamentó el investigador Thijs Bouwknegt.