defensor del pueblo
Foto: EFE/ STR

Carlos Negret Mosquera, defensor del pueblo de Colombia, reiteró que las autoridades municipales y departamentales no pueden ejercer presión en los migrantes venezolanos para que abandonen las ciudades durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Afirmó que estas instituciones estarían violando el principio de no devolución, que es fundamental en el Derecho Internacional. Así lo reseñó en una entrevista para el diario La Opinión de Colombia.

Las alcaldías de Medellín, Ipiales, Cali, Bucaramanga, Girardot, Chía y Bogotá han promovido el regreso voluntario con la activación de rutas de transporte para ayudar a los venezolanos a retornar a su país.

Sin embargo, estos traslados aumentan el éxodo hacia la frontera, convirtiéndolo en un territorio de alto riesgo para el contagio masivo del covid-19.

Sobre los retornos, el defensor indicó que estos deben ser voluntarios, aunque manifestó su preocupación por las aglomeraciones que se viven en los municipios limítrofes con Venezuela.

La Defensoría del Pueblo afirmó que han trabajado junto con Migración Colombia para que a los migrantes venezolanos se les respeten sus derechos y se sigan las condiciones sanitarias dictadas por el gobierno colombiano.

En algunos municipios como el de Pamplona, emitieron decretos prohibiendo la permanencia y el ingreso de venezolanos en esa jurisdicción. Ante eso el defensor del pueblo alegó que el alcalde puede tomar las medidas que crea pertinente para defender a quienes se encuentren en su territorio, aunque debe poder brindar garantías a la población vulnerable.

Aun así, la Defensoría solicitó a varios alcaldes del país informar las medidas que han tomado para garantizar que la población migrante cuente con los mismos derechos que se les conceden a los colombianos tal como establece la ley.

Negret Mosquera destacó que han identificado casos de desalojo a los venezolanos que no pueden pagar el arriendo en Maicao (Guajira), área metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander), Arauca (Arauca), Valledupar (Cesar), Ipiales (Nariño), Bucaramanga (Santander) y Bogotá.

“Es importante que nos reporten los casos al portal de la Defensoría, en la sección de servicios en línea, para así tramitar a la mayor brevedad el tema y buscar garantizar derechos de los afectados”, indicó.


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