El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó este jueves una resolución que pide al régimen de Maduro que cumpla las recomendaciones que la alta comisionada, Michelle Bachelet, presentó en julio. Las recomendaciones incluyen el fin del uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura.
La resolución se aprobó con 18 votos a favor, 23 abstenciones y 6 votos en contra –de países como Perú, Argentina y Brasil– que consideraron que el documento es demasiado transigente con Venezuela y hará que su gobierno no asuma ninguna responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos.
Los países que votaron contra la resolución y otros miembros del Grupo de Lima presentarán este viernes ante el mismo Consejo de Derechos Humanos otra resolución en términos más enérgicos contra Venezuela. En este documento se solicitará el establecimiento de una comisión internacional de investigación contra el régimen de Nicolás Maduro.
Denuncias del informe de Bachelet
El informe de Bachelet denuncia, entre otros crímenes, más de 6.000 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas desde enero de 2018. Por tal motivo, reclamaba la investigación de estas y otras violaciones de derechos humanos, así como la liberación de presos políticos, entre otras exigencias.
La resolución de este jueves muestra su apoyo a ese informe de Bachelet, que Maduro consideró lleno de «mentiras, falsedades y manipulaciones». Pide además a Caracas que coopere con el Consejo de Derechos Humanos.
En una concesión al régimen venezolano, la resolución expresa su preocupación por la imposición de sanciones al país por Estados Unidos. Sobre este país, el embajador del régimen venezolano en Ginebra, Jorge Valero, reiteró que son «criminales y genocidas».
Los países de la Unión Europea en el Consejo de Derechos Humanos, entre ellos España, optaron por abstenerse. Consideraron que el documento «no era suficiente a la hora de responder a la gravedad de la situación en Venezuela», en palabras del embajador danés en representación de los 28 países europeos.
Por su parte, países latinoamericanos distanciados del Grupo de Lima, como México y Uruguay, votaron a favor de la resolución patrocinada por Irán.