La Secretaria de Derechos Humanos adscrita al ministerio de justicia de Argentina entregará informe que recopila testimonios de 44 venezolanos residentes en ese país sobre la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, a la Corte Penal Internacional de La Haya.
El informe explica que los declarantes afirman haber sido víctimas o testigos de persecución por motivos políticos e ideológicos como “ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento, privaciones graves de la libertad física y torturas”, describe el texto.
De los 44 casos denunciados en el documento, 29 serían crímenes de lesa humanidad, tal y como está especificado en el Estatuto de Roma, reseñó Infobae.
El organismo manifestó que, al no tener competencias para determinar si hay o no crímenes de lesa humanidad, quedará a potestad de la CPI confirman el delito.
Violación de los derechos humanos
Según los entrevistados, las persecuciones se hicieron luego que el régimen identificaran a las víctimas luego que estás asistieran a manifestaciones contra de Nicolás Maduro.
Estas van desde amenazas públicas, allanamientos ilegales de viviendas, represiones violentas hasta inhabilitación política.
Las torturas iban desde golpes físicos hasta dejar inconsciente a la víctima, estar parados sobre asfalto caliente, encierro en espacios reducidos por horas, ataques con bombas lacrimógenas en lugares cerrados, hasta disparos a quemarropa, electrocución, asfixia, privación del sueño.
En su mayoría, los testigos afirmaron haber sido detenidos arbitrariamente y encerrados en recintos inhumanos con hacinamientos; en celdas de dos metros por un metro y medio, otras oscuras sin ventilación; imposibilidad de aseo personal e incomunicación indefinida.
Las víctimas señalaron que los centros de detención son “La Tumba y “El Helicoide”.
Parte de los testimonios fueron recopilados luego que el presidente argentino Mauricio Macri habilitara el Centro de Orientación a Migrantes en estos casos.
Una de las personas, que prefirió el anonimato por seguridad, fungió como Fiscal de Garantías entre 2015 y 2017 cuándo comenzó la «Operación para la Liberación del Pueblo», dónde se llevaron adelante 1.700 ejecuciones extrajudiciales.
Las víctimas se encontraban en sus hogares y fueron sacados a la fuerza. Luego ejecutados, así lo afirmó el fiscal quién aseguró tener fotos y videos que confirman su versión.
Otro afirmó haber visto como su hermano fue ejecutado por el FAES, a la par que otros testigos afirman tener información sobre desapariciones forzosas, violaciones sexuales y ultraje con armas militares contra detenidos.
Otras denuncias
Germán Garavano, ministro de justicia informó que luego de las Paso, las denuncias cesaron.
«Eso lo atribuimos al temor que puedan tener de eventuales represalias en un eventual gobierno kirchnerista», dijo Garavano.
El texto también hace referencia a otras denuncias internacionales como el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet y otras lideradas por Argentina y otros países ante la CPI.