Una de cada cinco personas ha sufrido extorsión sexual en América Latina y el Caribe, informó la organización Transparencia Internacional. Además, resaltó que la corrupción avanza y vulnera los derechos de los ciudadanos ante unas autoridades impasibles y poco eficaces.
El Barómetro Global de la Corrupción pone de manifiesto que más de la mitad de los ciudadanos cree que la corrupción está empeorando en su país y que sus gobiernos hacen un mal trabajo para combatirla, al pecar por falta de integridad y laxismo.
El informe anual se elaboró a partir de entrevistas realizadas a 17.000 ciudadanos de 18 países de América Latina y el Caribe
91% de los venezolanos, se lee en el documento, «sostiene que su gobierno está fracasando en la lucha contra la corrupción». Lo mismo afirma 79% de los panameños y 72% de los dominicanos.
El informe de Transparencia Internacional quiso este año explorar la vertiente de género en la corrupción. En esta línea, concluyó que muchas mujeres se ven obligadas a prestar favores sexuales para poder acceder a servicios públicos como atención médica y educación.
El documento expresa que 1 de cada 5 ciudadanos ha sufrido extorsión sexual o conoce a alguien que ha pasado por esa situación. 71% de los encuestados afirmó que se trata de un fenómeno que ocurre, al menos, de forma ocasional.
Los países con mayor proporción de casos reportados fueron Barbados (30%) y Guatemala (23%).
Ante esta situación, la organización instó a los líderes políticos a reconocer y abordar las formas de corrupción que afectan principalmente a las mujeres y a aplicar el Compromiso de Lima sobre la Corrupción, adoptado en 2018.
Sobornos y compra de votos
En total, 85% de la población de América Latina y el Caribe califica la corrupción como un gran problema; solo 13% la ve como un problema menor.
«La ciudadanía tiene derecho a denunciar la corrupción y a esperar que los políticos actúen de manera íntegra», señaló Patricia Moreira, directora general de Transparencia Internacional.
La organización ha investigado también los sobornos a la hora de acceder a servicios elementales como atención médica o el trámite para obtener un documento de identidad, por ejemplo.
Del total de las personas encuestadas, al menos 1 de cada 5, 21%, pagó un soborno para obtener estos servicios.
Venezuela es el único país de todos los observados donde la mayoría de los ciudadanos, 61%, indicó que se le exigió pagar sobornos.
Y estas prácticas opacas ganan fuerza en épocas de elecciones, donde la compra de votos es una práctica habitual en gran parte de los países examinados.
Transparencia Internacional dijo que a una de cada cuatro personas encuestadas le ofrecieron un soborno durante elecciones nacionales, regionales o locales. Un hábito que suele combinarse con amenazas para que el electorado vote de una determinada manera.
En México, una de cada dos personas recibió un soborno a cambio de su voto y una de cada cuatro fue amenazada con represalias.
Desconfianza
Transparencia Internacional advierte que estas prácticas corruptas hacen que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones.
«Muy a menudo, presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a cuyo servicio deberían estar», denunció Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional.
En Venezuela, donde 87% de los encuestados indicó que la corrupción ha aumentado en los últimos años, 90% de los ciudadanos afirmó tener poca o ninguna confianza en la justicia y en la policía.
En Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú ocurre lo mismo: 90% de la población aseguró no confiar en esas instituciones.
Además, 53% de los entrevistados cree que la oficina del presidente o del primer ministro y el Parlamento son las instituciones públicas más corruptas.
Represalias
El problema, recuerda la ONG, es que la gran mayoría de los ciudadanos no conoce sus derechos. Además, se añade el temor a sufrir represalias si denuncia los casos de corrupción, algo que le sucede a 73% de los encuestados.
En algunos países se duda también sobre la eficacia de las denuncias. En Brasil 57% de la población cree que la denuncia puede servir para que se tomen medidas, pero en Venezuela solo 19% confía en que puede ser eficaz.
77% de los ciudadanos defiende que denunciar los hechos puede influir positivamente en la lucha contra la corrupción. De allí que Transparencia Internacional instó a los gobiernos a canalizar la energía positiva para empoderar a la población.
