Germán Umaña, ministro de Comercio, Industrua y Turismo de Colombia, reveló que el gobierno de Venezuela está discutiendo una posible compensación con al menos dos empresas colombianas por activos que fueron confiscados durante la Administración del fallecido presidente Hugo Chávez.
Una de estas empresas es el mayor fabricante de cemento de Colombia, Cementos Argos SA, está en conversaciones para adquisición de una planta de cemento de propiedad estatal cerca de la costa caribeña de Venezuela, de acuerdo con Umaña.
Además, una filial expropiada de la exportadora de azúcar Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles , Ciamsa, con sede en Cali, también está en negociaciones para obtener una compensación.
Venezuela parece querer resolver estas disputas comerciales sin una batalla legal, dijo Umaña la semana pasada en una entrevista para Bloomberg desde su oficina en Bogotá.
El actual ministro colombiano, quien anteriormente dirigió la cámara de comercio colombo-venezolana, indicó que ha ayudado en las discusiones.
Chávez ordenó cientos de expropiaciones durante su presidencia de 1999 a 2013. Entre ellas, la planta de Cementos Argos en el oeste de Venezuela que fue confiscada en 2006, mientras que a Ciamsa se le expropió una central azucarera ubicada en Táchira en 2010.
La mayoría de las empresas expropiadas están cerradas, inactivas o trabajando a una fracción de su capacidad debido a años de mala gestión. Ante esto, Nicolás Maduro ha entregado el control de algunas de ellas a socios privados e incluso revirtió algunas de las incautaciones de la era Chávez.
En cuanto a Cementos Argos, la compañía está solicitando una licencia estadounidense que le permitiría recibir el activo como pago del gobierno de Maduro sin violar las sanciones, dijo a Bloomberg una persona con conocimiento directo del acuerdo que no está autorizada a discutir los detalles públicamente.
Pese a que las relaciones entre Colombia y Venezuela han mejorado desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia, los inversores colombianos se han mostrado cautelosos a la hora de regresar a su país vecino.
Umaña dijo que el Congreso de Colombia debería aprobar un tratado bilateral de protección de inversiones en el primer semestre del año.
“El tratado de protección de inversiones, de aprobarse, dará seguridad porque va a haber tribunales de arbitraje internacional para resolver los conflictos. Es por eso que muchos inversionistas colombianos están esperando la ratificación de ese tratado», indicó el ministro.
También espera que el comercio entre los dos países se duplique a alrededor de 1.400-1.500 millones de dólares este año, aunque todavía es 75% menos que su máximo en 2008.