Este martes 25 de octubre se introdujo una demanda contra el Banco Occidental de Descuento (BOD), así como contra su propietario Víctor Vargas y la empresa holding Cartera de Inversiones de Venezuela C. A.
Los demandantes Ana Urbina, Pedro Velázquez y Juan Carlo Michelangeli, representados por los abogados Carlos Calderón y Roberto Hung, introdujeron una demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Solicitan, en nombre de unos 200 afectados, que se levante el velo corporativo tanto al BOD como a Cartera de Inversiones de Venezuela y a Víctor Vargas.
Los demandantes son venezolanos que poseían ahorros en cuentas de bancos asociados del BOD en el Caribe que fueron intervenidos y liquidados. Es el caso del Banco del Orinoco (BDO), en Curazao; BOI Bank, en Antigua y Barbuda; ALL BanK, en Panamá, y Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), en República Dominicana.
Demanda contra el BOD y su propietario Víctor Vargas
El Nacional conversó con Carlos Calderón, uno de los abogados a cargo del caso. Explicó que un total de entre 10.000 y 13.000 personas resultaron afectadas por las liquidaciones de esas entidades financieras.
Agregó que aunque los activos del BOD en Venezuela fueron adquiridos por otra entidad financiera, los clientes afectados en los bancos asociados en el Caribe no han recibido su dinero.
Calderón explicó que el BOD no actuaba como una institución independiente sino que formaba parte de la empresa holding Cartera de Inversiones de Venezuela C. A., que también gestionaba al Banco del Orinoco, BOI Bank, ALL BanK y Bancamérica.
«El problema radica en que la compraventa se limitó a los activos y pasivos en Venezuela, no tuvo en cuenta que los bancos del Caribe junto al BOD constituyen un grupo Financiero: el Grupo Financiero BOD, cuya empresa propietaria es Cartera de Inversiones de Venezuela C.A., como lo definió Sudeban en todas sus Resoluciones. Al ser un grupo financiero los activos del BOD debieron ser aplicados a cubrir las deudas de las entidades hermanas del Caribe. Por eso solicitamos entre otras cosas el levantamiento del velo corporativo tanto del BOD como de Cartera de Inversiones», remarcó Calderón durante su conversación con El Nacional.
Además, señaló que Víctor Vargas poseía 99,57% de las acciones de ese grupo financiero.
«Con la vigencia del régimen de control de cambio había utilizado el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera vigente en 2011 (Sitme) para comprar títulos valores, y con eso ellos mismos dentro del BOD abrían cuentas en sus bancos hermanos en el Caribe. Buscaban una colocación para luego especular con ese dinero comprando papeles de deuda pública venezolana», dijo Calderón tras presentar la demanda.
Podrían ser más de 200 venezolanos
Por otra parte, Calderón dijo a El Nacional que aunque por el momento cerca de 200 venezolanos son parte de la demanda, se proyecta que al conocerse la noticia se vayan agregando otros clientes que mantenían sus ahorros en los bancos asociados del BOD en el Caribe.
Respecto a la cantidad de dinero que quedó en el limbo en esas entidades financieras en el Caribe asociadas con el BOD, el abogado detalló las siguientes cifras aproximadas:
- Banco del Orinoco (Curazao): 1.200 millones,
- BOI Bank (Antigua y Barbuda): 700 millones de dólares,
- ALL BanK, (Panamá): 200 millones de dólares, y
- Bancamérica (República Dominicana) 70 millones de dólares.
Por lo tanto, se trataría de una suma de alrededor de 2.170 millones de dólares.
«La inmensa mayoría de los afectados venezolanos están en los dos primeros bancos, mientras que en los otros dos la cantidad es mucho menor, particularmente en Bancamerica, donde la clientela era en 90% nacionales de ese país», aclaró el abogado.
Y detalló que la cantidad que corresponde a los cerca de 200 venezolanos que conforman la demanda introducida el martes son más de 25 millones de dólares, más los intereses.
Respuesta de la Sala Constitucional
El abogado precisó que no existe un plazo establecido para obtener una respuesta de la Sala Constitucional.
«Estimamos que un plazo razonable, aunque plazo escrito no hay, serían tres o cuatro semanas dependiendo siempre de la importancia que le dé la Sala Constitucional a la demanda. En la hipótesis negada de no ser admitida la demanda, hay que estudiar otras vías para el accionar internacional», indicó.
El abogado puso a disposición su correo electrónico [email protected] para que otras personas afectadas puedan adherirse a la demanda.