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Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos que fue desvinculada de su matriz por las sanciones estadounidenses contra el régimen de Nicolás Maduro y entregada a la oposición, está en jaque por acreedores de la deuda de Caracas que podrían confiscarla.

La petrolera con sede en Houston era un activo clave para la economía venezolana que le permitía vender crudo al mercado estadounidense y también actuaba como intermediario ante el sistema financiero en garantía de la deuda.

Antes de las sanciones impuestas en enero por el gobierno de Donald Trump, Pdvsa exportaba diariamente 500.000 barriles de petróleo para ser procesados por Citgo, que tiene refinerías y estaciones de servicio en Estados Unidos.

Desde febrero, Citgo es dirigida por una junta designada por Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, como presidente interino de Venezuela por considerar que el segundo mandato de Maduro es ilegítimo.

El martes, Guaidó nombró a Carlos Jordá como presidente ejecutivo para Citgo con el objetivo de salvaguardar y proteger ese activo.

Guaidó también conformó una Comisión Especial de Estudio y Protección de los Activos de Venezuela, integrada por los economistas Ricardo Hausmann, Alejandro Grisanti y Ricardo Villasmil.

En abril, la Asamblea Nacional autorizó el pago de los intereses del bono Pdvsa 2020 por 71 millones de dólares a los acreedores para salvaguardar Citgo, pero aumentan las dudas sobre qué pasará con un pago que debe ejecutarse en octubre.

 «Preparar la restructuración de la deuda»

Citgo está en riesgo también por fallos judiciales adversos a Venezuela. El último el 30 de julio, cuando un tribunal estadounidense determinó que la minera canadiense Crystallex podrá confiscar acciones de Citgo para compensarse por la estatización en 2011 de una mina en Venezuela.

En marzo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial determinó que Venezuela deberá pagar unos 8.700 millones de dólares a la petrolera estadounidense ConocoPhillips por su expropiación en 2007.

Hausmann dijo el miércoles a Noticiero Digital que el objetivo de la comisión es preparar la restructuración de la deuda externa para cuando llegue el momento.

«Formalmente, lo que dice el bono 2020 es que los tenedores tienen garantías en las acciones de Citgo y tendrían el derecho de exigir que el juez tome las acciones y les cancele a ellos, eso es lo que tenemos que impedir que ocurra», dijo Hausmann, que representa a Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo.

A principios de agosto, Trump firmó un decreto que congela todos los activos del régimen de Venezuela en Estados Unidos.

Argumentos divergentes

Grisanti defendió la semana pasada que la orden ejecutiva es una señal muy clara de que el gobierno de Estados Unidos no permitirá que se pierdan los activos venezolanos mientras dure la usurpación.

Pero la firma de abogados Cleary Gottlieb, que representa a un grupo de tenedores de deuda de Venezuela, defiende que, según las directivas emitidas hasta ahora por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, las operaciones con los bonos 2020 de Pdvsa están permitidas.

«Con base en las orientaciones que la OFAC ha aportado hasta ahora, nosotros entendemos que los intercambios de los bonos 2020, incluyendo una ejecución de la garantía que los respaldaba, sigue estando autorizada», señaló la firma a la AFP.

Un funcionario del Tesoro declaró a la AFP que las directivas y autorizaciones del Tesoro sobre los bonos 2020 de Pdvsa no se vieron afectadas por el decreto.

Para el experto venezolano Mariano de Alba, se pudiera interpretar que esto abre la posibilidad de que los tenedores ejerzan acciones legales en Estados Unidos.

«Otra posible interpretación, que podría ser confirmada por el Tesoro, es que la nueva orden ejecutiva determine que incluso en caso de incumplimiento de los términos y condiciones del bono Pdvsa 2020, sus tenedores ya no tendrán la posibilidad de ejercer acciones para buscar hacerse con el control de Citgo», dijo De Alba a la AFP.

Francisco Monaldi, académico del Instituto Baker de la Universidad de Rice, en Houston, considera que ambas partes tienen prominentes expertos que sostienen argumentos divergentes, pero al final la realidad política es que perder a Citgo sería costoso tanto para Guaidó como para la estrategia de Estados Unidos en Venezuela.

«Creo que el gobierno de Trump protegería a Citgo de ser embargada por los acreedores», declaró Monaldi a la AFP.

De Alba cree que es necesario que el Tesoro aclare y defina la posición. «Depende del gobierno de Donald Trump, especialmente del Tesoro. O la protegen o permiten que eventualmente los acreedores de la deuda de Pdvsa cobren sus acrecencias», concluyó.