Para el abogado Joel García lo menos que se le puede garantizar a una persona imputada, investigada o acusada es que tenga el derecho a la defensa para que “pueda defenderse”. Derecho que en casi tres meses de detención le irrespetan a Rocío San Miguel.
El juez que lleva la causa, Carlos Liendo, no permite que el equipo de defensa técnica privada –del cual forma parte García– pueda juramentarse para atender a la activista.
San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, fue detenida el 9 de febrero. A finales de marzo el Ministerio Público presentó la acusación en su contra. Y fue señalada por los presuntos delitos de traición a la patria, terrorismo, conspiración, asociación, espionaje y de participar en la operación militar Brazalete Blanco.
Sin embargo, sus abogados de confianza no tienen acceso a la acusación ni al expediente, ni tampoco saben cuándo se realizará la audiencia preliminar. García presume que está próxima a realizarse.
El abogado teme que en caso de seguir sin defensa privada, San Miguel no podrá demostrar su inocencia y la llevarán totalmente indefensa a un juicio en el cual no se respetó el debido proceso.
“Ella va a un paredón de fusilamiento con los ojos vendados, sin saber ni qué hizo ni cómo lo hizo y por qué se le acusa”, dijo.
El artículo 49 de la Carta Magna establece que “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso” y que toda persona tiene el derecho “de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa”.
Defensa que no defiende
García explicó que la defensa pública que le asignaron a San Miguel nunca la ha visitado en El Helicoide, sitio donde se encuentra recluida. Tampoco se han comunicado con su familia.
“Si no se ha comunicado con la familia, con su defendida, es decir, Rocío San Miguel, mal podría estar defendiéndola. Y por lo que nosotros consideramos, no habrá hecho ni un solo acto de defensa durante lo que va de proceso, desde el momento de su detención”, sostuvo.
Detención de Rocío San Miguel
San Miguel es defensora de derechos humanos, profesora y experta en temas militares. La detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, cuando se disponía a viajar a Estados Unidos con su hija. De acuerdo con activistas, resultó víctima de desaparición forzada.
Seguidamente detuvieron a otros integrantes de su familia y a su exesposo, Alejandro González, a quien también se le niega el derecho a la defensa. Ahora se encuentra recluido en el Rodeo I, en el estado Miranda, donde también trasladaron a otros presos políticos.
Apoyo internacional
En 2012 la activista y su hija Miranda Díaz recibieron medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de recibir amenazas por su trabajo en Control Ciudadano.
Instancias internacionales rechazaron la detención y la desaparición forzada de la defensora, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo cual provocó que Nicolás Maduro expulsara a 13 funcionarios de esta institución en Caracas, quienes estuvieron en el país desde 2019.
El gobierno de Maduro intenta retomar relaciones con la Oficina del Alto Comisionado tras la visita del fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional, el 22 de abril.
Tras el encuentro de Khan y figuras del Estado venezolano se anunció de la instalación de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en Caracas.
De acuerdo con el Foro Penal en Venezuela hay 20 mujeres detenidas por razones políticas.