El fin del mandato de nueve años de Fatou Bensouda como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) este 15 de junio, cierra un ciclo de negligencia, incapacidad y corrupción, y al mismo tiempo abre una esperanza para que el nuevo fiscal, Karim Khan, inicie la investigación por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y funcionarios civiles y militares de su régimen, manifestó Walter Márquez, defensor de los derechos humanos en Venezuela, presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven).
Márquez recordó que Bensouda ejercicio como fiscal adjunta durante nueve años y como fiscal jefe otros nueve años, y desde 2014 está recibiendo denuncias contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. “Desde febrero de 2014 demoró cuatro años para abrir un examen preliminar y a partir de febrero de 2018 duró otros tres años sin tomar ninguna decisión sobre el mismo, argumentando al final que no lo hizo porque el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ejerció un control judicial ante la Sala de Asuntos Preliminares, cuando antes de ello había tenido tiempo suficiente para haber tomado una decisión. Siempre anunciaba que había fundamentos sobre crímenes de lesa humanidad y que posteriormente iba a tomar una decisión, pero nunca abrió una averiguación, por lo que es responsable de negligencia e incumplimiento grave en el cargo, incapacidad y corrupción de acuerdo con elartículo 46 del Estatuto de Roma”, señaló.
Márquez indicó que en junio de 2017 denunció a Bensouda por los medios de comunicación: “Al final del 2018 la denunciamos formalmente por negligencia grave ante la presidencia de la Corte Penal Internacional, en 2019 ampliamos esa denuncia, al igual que lo hicimos en el año 2020. Ella fue negligente en el conocimiento de las dos denuncias que tramitamos por los crímenes de lesa humanidad en el Táchira, la represión a partir de febrero de 2014, y las deportaciones forzosas a partir del año 2015, así como el crimen de exterminio por la privación de alimentos y medicinas en marzo de 2018; por eso señalamos desde el 5 de junio de 2017 que la fiscal era cómplice del régimen y que no iba a abrir ninguna averiguación, a pesar de que algunas personas guardaban alguna esperanza en su actuar”.
Márquez señala a muchos responsables
De acuerdo con lo planteado por Márquez la comunidad internacional, muchos jefes de Estado y organizaciones no gubernamentales, ha sido responsable por omisión del doloso actuar de la fiscal Bensouda. En este sentido indicó que también fue corresponsable por omisión el presidente interino Juan Guaidó, al no impulsar las denuncias, más de 200, que fueron consignadas a lo largo de la actuación del régimen venezolano ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Considera que es momento de reflexión y corrección. “Es importante que el nuevo fiscal se aboque al conocimiento del caso Venezuela. “Khan es un funcionario con excelentes antecedentes, como experto en derecho penal internacional, subsecretario general de Naciones Unidas, asesor de la reina Isabel II y coordinador del comité que investigó el Estado Islámico; debe recibir toda la confianza necesaria”, afirmó Márquez en nota de prensa.
El activista agradeció el respaldo recibido para concretar las investigaciones y posteriores denuncias contra Bensouda al grupo de periodistas y abogados que lo han apoyado en esa campaña. A Carlos Ramírez López, que le acompañó en una de las denuncias; al equipo del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), que preside William Cárdenas Rubio, “quienes advertimos a tiempo sobre la paralización de las investigaciones en la CPI, y efectivamente el tiempo nos dio la razón sobre la estrategia dilatoria armada por el régimen de Maduro y que contó con la complicidad de Bensouda, lo cual se hubiese evitado aplicando las sugerencias y recomendaciones que hicimos, entre ellas la de haber solicitado la inhibición de la fiscal, haber sido recusada por los Estados que denunciaron a Maduro en septiembre de 2018, o haber sido removida por la propia CPI y los miembros de los Estados parte”.