Feminización de la migración: venezolanas obligadas a huir de la crisis expuestas a violencia sexual y prostitución forzada

Violencia sexual y prostitución forzada: ese es el destino al que se exponen las inmigrantes venezolanas obligadas a salir de su país empujadas por la crisis humanitaria compleja. Mientras, parece no haber una solución a corto plazo, aumenta el número de mujeres que cruzan las fronteras en busca de estabilidad social y económica.

Sara Fernández, oficial de Incidencia del Centro de Justicia y Paz, indicó en entrevista con El Nacional que en Venezuela ha habido dos olas migratorias diferenciadas.

La primera estuvo mayormente conformada por hombres que tenían un núcleo familiar que se quedó en el país mientras conseguían oportunidades en el exterior. Pero en la segunda se trata de un número importante de mujeres, también cabezas de familia.

Feminización de la migración

¿Los hombres sufren menos? Es una cuestión de números. La vocera del Cepaz señaló que no se trata de quién sufre más o quién padece menos sino de que las migrantes venezolanas están sujetas a condiciones de vulnerabilidad mucho más amplias, solo por su carácter de mujer.

Dijo que debe entenderse que, además de los riesgos que cualquier desplazado sufre en el trayecto de salida de Venezuela -y que no necesariamente comienza en un área fronteriza sino desde otras zonas del país-, las mujeres son víctimas de violencia sexual y caen en redes de tratas de personas para actividades de prostitución forzada.

Víctimas de violencia sexual y prostitución forzada: la ruda realidad a la que se exponen las venezolanas que tratan de escapar del hambre
Migrantes venezolanos caminan por una carretera después de cruzar ilegalmente la frontera entre Bolivia y Chile, el 3 de febrero de 2021. El paso fronterizo entre Colchane y Pisiga se convirtió en un camino para los extranjeros, a pesar de las temperaturas extremas que deben soportar. Foto: Ignacio Muñoz / AFP

«Todo migrante, de por sí, sufre vulnerabilidad, no solo en el trayecto sino en el país de acogida, que muchas veces implica una sobrecarga laboral o dificultades para conseguir trabajo. Pero es importante entender que los grupos de mujeres migrantes sufren otra discriminación adicional», señaló.

Por esta razón, puntualizó, la política migratoria requiere de esa diferenciación.

La especialista indicó que las medidas que se pueden tomar para lograr ese objetivo parten de comprender que debe haber un enfoque particular cuando se trata de temas de movilidad y de entender cómo ese contexto impacta en mayor medida en ese grupo.

«Vemos cómo el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia repercute gravemente en las mujeres que deciden emigrar. Las expone a mayor riesgo en el camino, incluso se ven obligadas a tener sexo en las comunidades alrededor de la frontera; y creemos que esta situación hay que discutirla porque se requiere de su conocimiento para pedir medidas que tengan este enfoque», afirmó.

No dejar las denuncias

Elisa Trotta Gamus, embajadora de Venezuela en Argentina designada por la Asamblea Nacional elegida en 2015, dijo a El Nacional que Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, ha destacado en sus informes que son las mujeres quienes más sufren la emergencia humanitaria y migratoria.

La funcionaria dijo que no se debe dejar de visibilizar estas situaciones ni de denunciarlas, como ocurrió con el caso de la venezolana de 18 años de edad a la que Irineo Garzón Martínez abusó sexualmente el 23 de enero en Buenos Aires, cuando cumplía con una evaluación en su primer día de trabajo.

«Pero no puedo dejar de pensar lamentablemente en la trata de mujeres entre Güiria y Trinidad y Tobago, la explotación sexual y laboral en las zonas fronterizas y que, al final, todo tiene que ver con que no solo ocurre por responsabilidad de la dictadura sino con la anuencia de la dictadura», manifestó Trotta.

Familiares y amigos de 28 migrantes venezolanos que murieron en el naufragio de un barco que los transportaba a Trinidad y Tobago protestan en la plaza principal de Güiria el 17 de diciembre de 2020. Al menos 28 migrantes venezolanos murieron cuando un barco que se dirigía a Trinidad y Tobago se hundió. Foto: Yuri Cortéz / AFP

A Güiria una vez un habitante que declaró a este diario la definió como una ciudad maldita. Desde ese punto del país, en el estado Sucre, han salido incontables botes, sin condiciones mínimas, hacia Trinidad y Tobago. Muchos de los tripulantes, entre ellos mujeres y niños, nunca llegaron: murieron ahogados en el mar o no se sabe todavía dónde están. Habitantes, familiares y amigos sospechan que son víctimas de una red de trata de personas.

Feminicidio: números rojos

El Centro de Justicia y Paz señaló en un informe reciente que en enero pasado ocurrieron 10 feminicidios de venezolanas en el exterior. Este número representa cerca de 20% de los que se registraron el año pasado, durante sus 12 meses, cuando 56 mujeres perdieron la vida en hechos violentos.

Fernández señaló que migrantes que sufren violencia de género tienen, en muchos casos, menos posibilidades de presentar una denuncia porque tramitan procesos legales o no están de forma regular en el país donde se encuentran, por lo que no pueden acudir o acceder a los órganos policiales y judiciales.

En ese contexto, subrayó, es menos probable que denuncien.

Datos de Cepaz y la OIM

El monitoreo del Cepaz, realizado con base en datos y la información publicada en los medios de comunicación, precisó que 60% de los feminicidios ocurrieron en Colombia, seguido de Perú con 20%.

En 50% de los casos, el rango de edad de las víctimas osciló entre los 19 y 27 años.

«En enero nueve niños quedaron huérfanos. De todos los feminicidios que hubo solo 20% de las mujeres denunció los hechos de violencia previamente; esto indica la falta de confianza para denunciar cuando uno está en un estatus denigrante», dijo Fernández.

La organización registró que en 70% de los casos entre la víctima y el agresor existía una relación de convivencia íntima, matrimonio o unión de hecho. Puntualizó que, en relación con los signos de violencia, en 20% de los crímenes hubo mutilaciones, descuartizamientos o acuchillamientos.

Agregó el Cepaz: 10% presentó signos de ataduras; 40,9% murió por heridas de bala, y 40% de acuchillamiento. Expuso asimismo que en 20% de los casos el femicidio estuvo precedido de una escena de celos o alegatos de infidelidad íntima; en 30% la víctima había decidido separarse.

Un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), indicó que 13% de las mujeres migrantes venezolanas reportó haber sido víctima de algún tipo de violencia durante su trayecto para salir de Venezuela: 35% violencia física, 25% violencia verbal, 11% violencia psicológica y 10% violencia sexual.

Colombia, «en la dirección correcta»

En momentos en los que en Chile se presentaba una tensión por la llegada masiva de migrantes a través del pequeño pueblo de Colchane, fronterizo con Bolivia, y el gobierno de Sebastián Piñera advertía con expulsarlos, el mandatario colombiano Iván Duque anunció un Estatuto Temporal de Protección para los venezolanos.

El Cepaz señaló que todo migrante sufre vulnerabilidad. Foto pública de The Associated Press

Fernández resaltó que existe un gran paso entre lo que se dice en el discurso político y las medidas que se toman a nivel estatal.

Para el Cepaz, la decisión de Colombia debe reconocerse y consideró que es un paso hacia la dirección correcta, que también deben dar otros países. La vocera de la organización expresó  preocupación porque hay naciones que no reconocen la protección internacional que requieren los ciudadanos.

«El venezolano hoy en día emigra de manera forzada. No por razones voluntarias sino por la crisis humanitaria compleja que vive; y, en ese sentido, debe reconocérsele su necesidad de protección internacional. En algunos casos estos serán en forma de refugio, pero para aquellos que no califiquen técnicamente como refugiados se les debe otorgar la protección humanitaria. Y hacia esa dirección se movió Colombia».

Sugirió que haya un enfoque de una política de inclusión con una perspectiva de género para que los extranjeros realmente se incluyan en la actividad económica y social.

La oficial de Incidencia del Cepaz subrayó que otro elemento indispensable es que los Estados deben aplicar el principio de no devolución para no regresar a los migrantes venezolanos a su territorio porque sus derechos pueden ser violentados.

Detención migratoria

La experta lamentó la condición en la que se encuentran algunos venezolanos en situación de detención migratoria. Aseguró que muchas veces los Estados no cumplen con los estándares interamericanos para la privación de la libertad.

Hay privados de libertad hacinados y sin acceso a servicios básicos, como se ha denunciado en varias ocasiones en el caso de los venezolanos en Trinidad y Tobago.

«Los Estados de acogida tienen una responsabilidad internacional porque deben hacer cumplir los derechos de todos como migrantes y los derechos fundamentales; como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y hay una responsabilidad en caso de no cumplir con esos estándares».

«El incumplimiento de los Estados de acogida, ya sea por acción u omisión, genera responsabilidad internacional. Porque tienen el deber de respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes y refugiados, con una perspectiva de género».

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos destacó en sus informes que las mujeres son quienes más sufren. Foto: Salvatore Di Nolfi / EFE

La representante del Centro de Justicia y Paz llamó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y a todos los países de la región, a cumplir con los estándares de protección de los migrantes venezolanos.

Más crisis, más emigración

Mientras continúe la crisis humanitaria compleja en Venezuela, sus ciudadanos seguirán desplazándose hacia otros países. No habrá otra manera de resolver el problema migratorio, destacó la vocera del Cepaz.

Indicó que desde las organizaciones de la sociedad civil, duramente perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro, se debe exigir a los Estados de acogida que se respeten los derechos de los migrantes. Y pedirle al gobierno interino de Juan Guaidó que presione a nivel diplomático para que se les otorgue el reconocimiento a los venezolanos.

«Las razones por las que el venezolano emigra las conocemos. Las fallas de los servicios públicos, la inseguridad, los altos índices de pobreza, el desempleo, los riesgos de protección personal, incluso la violencia de género estructural; y mientras esas circunstancias persistan se mantendrá la movilidad en la región», manifestó.

«Para nadie es un secreto que los venezolanos están sufriendo una violación sistemática de sus derechos fundamentales. No solamente es violación de sus derechos políticos y civiles sino también económicos, sociales y culturales por la crisis en la que se encuentra el país», finalizó.

@Luisdejesus_

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